Un imputado ingresó 29.000 euros al hermano del gerente de Emarsa

Uno de los principales imputados por el saqueo de Emarsa, Sebastián García Martínez, ha acreditado que hizo 29 ingresos en metálico de 1.000 euros cada uno en la cuenta bancaria de José Ramón Cuesta, hermano del exgerente de la sociedad pública y exdirigente del PP en la ciudad de Valencia, Esteban Cuesta. Así consta en una de las últimas providencias dictadas por el juez que investiga el vaciado del ente que se dedicaba a depurar el agua de Valencia, liquidada en 2010 con un agujero de 17 millones de euros.

García Martínez, conocido como Chanín y que también ocupó un cargo en el PP de la ciudad de Valencia, ya había expuesto ante el juez muchas de las corruptelas que supuestamente eran la tónica habitual en la depuradora ubicada en la pedanía de Pinedo. Entre ellas, que los responsables de Emarsa exigían comisiones de hasta el 60% para adjudicar contratos. García Martínez resume en cierta forma las prácticas de Emarsa: según la investigación, participó en el saqueo a través de empresas en las que también figuraban como administradores algunos de sus hermanos; y, al mismo tiempo, trabajaba diariamente en la sociedad pública como responsable del área de informática.

El juez instructor Vicente Ríos ha solicitado en una providencia que se mantenga el magistrado de refuerzo en su juzgado, lo que le ha permitido concentrarse en el colosal saqueo de dinero público que, según las distintas estimaciones, habría oscilado entre los 25 y los 40 millones de euros.

En su petición, el juez expone el volumen de las actuaciones realizadas hasta la fecha para justificar su petición. Las diligencias previas de esta causa se recogen en 87.770 folios en soporte papel (211 tomos) y en discos compactos. Hasta la fecha el juez ha oído en declaración a 28 de los 32 imputados en 68 comparecencias, si bien dos de ellos deberán comparecer de nuevo para completar su declaración.

El juez también expone que "se ha acordado y debe acordarse aún la práctica de un número ciertamente considerable de diligencias de declaración de testigos y peritos, en cualquier caso superior al centenar, sin contar con las que puedan interesar a las partes y resulten pertinentes".

Ríos indica que se está investigando el patrimonio de todos los imputados, sus familiares directos y sociedades implicadas con la colaboración de dos inspectores de Hacienda del Estado en funciones de auxilio judicial.

Se han unido a la causa 837 discos compactos con expedientes de la delegación valenciana de la Agencia Tributaria y otros 533 discos con información de la delegación de Cataluña.

En la fase de instrucción intervienen 38 partes, cinco de ellas acusaciones, 32 acusadas y una como eventual responsable civil directa, "al atribuírsele la condición de eventual receptadora civil".

Por el momento, se han abierto seis piezas separadas en relación a la situación personal de Jorge Ignacio Roca (en busca y captura), Enrique Crespo, Esteban Cuesta, Enrique Arnal, Sebastián García y José Luis Sena, todos ellos (salvo Roca) en libertad provisional.

También se han abierto 15 piezas separadas de responsabilidad civil subsidiaria en relación con otras tantas mercantiles de las que son administradores varios imputados en la causa.

Se han tramitado 12 recursos de apelación interpuestos por las defensas, todos ellos desestimados por la Audiencia Provincial, y dos están pendientes de resolución.

En consecuencia, el juez Ríos considera que "a tenor del resultado de las diligencias practicadas resulta imposible hacer una previsión, siquiera aproximada, acerca del tiempo que deberá emplearse en finalizar la instrucción".

Por este motivo, considera que las medidas de refuerzo "se han revelado imprescindibles" para que las diligencias puedan ser instruidas "en un plazo razonable, teniendo en cuenta la naturaleza y dimensiones de la investigación que se lleva a cabo".

Esas medidas de refuerzo, además de las expuestas, constan de una juez de adscripción territorial (que permite la dedicación en exclusiva de Ríos a esta causa), una secretaria judicial y una funcionaria de gestión.

La petición de Ríos va dirigida a la presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana, la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, el fiscal Jefe, el decano de los juzgados de Valencia, y al secretario de Gobierno y coordinador provincial.