Mendia esgrime el título VIII de la Constitución frente al fiscal general
El Gobierno vasco avisa del riesgo de reforma recentralizadora “por la puerta de atrás”
“Rotundamente no”. Ninguna competencia vasca recorrerá el camino de vuelta a manos de la Administración del Estado, aseguró ayer la portavoz del Gobierno Idoia Mendia, consejera de Justicia y, por tanto, directamente concernida por la sugerencia del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce en ese sentido. Torres-Dulce consideró el lunes “un error” el traspaso de los medios materiales y del personal de la administración de Justicia a las comunidades autónomas, fuente, a su juicio, de un mal funcionamiento.
Esta fue una de las tres cuestiones en las que la portavoz tuvo que pronunciarse sobre actuaciones u opiniones de autoridades del Estado que entiende que cuestionan el autogobierno y la capacidad decisoria de la administración vasca. Las otras dos fueron el aumento de los días festivos de horario libre en las zonas turísticas y la otra las advertencias del delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, y cargos del PP respecto del incumplimiento de la ley que supone, en su opinión, no aplicar en Euskadi el real decreto de recortes en materia sanitaria.
La portavoz aclaró que en esta última materia el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha formalizado ningún requerimiento oficial. Por ahora, lo único que hay son declaraciones críticas y consejos teñidos de advertencia. El Gobierno central parece estar sopesando con mucho cuidado la situación antes de dar el paso de un recurso contra el decreto vasco. Este tendría efecto suspensivo y endosaría al PP vasco la culpa de que en Euskadi hubiera también, desde ese mismo momento, que pagar más por las medicinas o se restringiera el uso de la tarjeta sanitaria.
El ministro de Justicia conoce la posición vasca desde el 7 de mayo
Mendia, para quien lo único que ha hecho el Gobierno vasco es evitar que “los ciudadanos vascos sufran las consecuencias” del decreto Rajoy, no descartó que ese requerimiento pueda llegar: “El Gobierno de España ha hecho ya otros a leyes vigentes o en tramitación”, adujo. Incluso consideró natural que la cuestión pueda terminar en los tribunales. “En una democracia, las diferencias se dirimen en los órganos creados para ello, y, cuando no es así, se acude a los tribunales”
La portavoz apeló en dos ocasiones a la Constitución, y, en concreto, a su Título VIII, el referido a la organización territorial del Estado. “Lo único que espero es que se cumpla con el Título Octavo, que se respete el reparto de competencias y no se usen las circunstancias económicas para reformar la constitución por la puerta de atrás”, dijo.
Ese argumento le sirvió también para rechazar el planteamiento del fiscal general, que fue claro en su intervención el lunes en un curso de verano en Aranjuez en su reclamación de una recentralización de la Justicia. La portavoz recordó que ya se opuso, en su condición de consejera de Justicia, a cualquier planteamiento de recuperación de competencias por la administración del Estado en el consejo sectorial presidido por el ministro Alberto Ruiz Gallardón celebrado el 7 de mayo. “Manifesté nuestra más completa oposición”. “Este gobierno cree firmemente en el auto gobierno”, consagrado en ese título VIII de la Constitución, que volvió a mencionar. El desarrollo autonómico, a su amparo, ha producido “riqueza e igualdad a toda España”. En aquella reunión se acordó incrementar la colaboración entre comunidades, pero nada no en ceder “ni la justicia ni ninguna otra competencia”. “Yo no voy a renuncia a una competencia de mi estatuto y menos la de Justicia”, aseveró, en referencia implícita a su condición de responsable de ella.
Mendia finalmente informó de la firma del convenio de colaboración entre las comunidades autónomas de la zona norte en incidentes con múltiples víctimas. El convenio incluye a Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco, y está destinado a la colaboración en la gestión de incidentes con múltiples víctimas y que requieran que las actuaciones sanitarias se efectúen de forma conjunta, con independencia de la comunidad donde se origine el incidente.
