El juez de Gürtel investiga los contratos de Martinsa con dos socios en Arganda
Fernando Martín firmó dos acuerdos por un valor de 5 millones de euros con los también imputados Amando Mayo Rebollo y Manuel Salinas Lázaro
El magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, está investigando las operaciones económicas en Arganda entre Fernando Martín, accionista mayoritario de Martinsa, y los empresarios aragoneses Amando Mayo Rebollo y Manuel Salinas Lázaro. De esta forma, el magistrado ha solicitado a Fernando Martín los contratos que su sociedad cerró en diciembre de 2004 con las empresas Agrícola La Corona y Tasal, por un montante de tres y dos millones de euros, respectivamente. Estas cantidades de dinero se habrían abonado a cambio de una participación en la promoción de un millar de viviendas en Arganda. Esta operación es considerada hasta el momento el mayor pelotazo del caso Gürtel, porque el presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, cobró sendas comisiones por un valor de 12 millones de euros cada una, según el sumario
La primera de las transferencias, de 12 millones, salió de la cuenta de los empresarios aragoneses en diciembre de 2004 (el mismo mes y año en el que se cerraron los contratos entre Martín, Mayo y Salinas, los tres imputados en el caso Gürtel) desde sus cuentas en Suiza y en Mónaco. Al final el dinero acabó en otra cuenta que la investigación del caso atribuye a Francisco Correa. La segunda de las presuntas comisiones, según el sumario, es de 13 millones de euros y se realizó en 2006. El dinero salió de una cuenta en Mónaco de Fernando Martín, que previamente había recibido cinco millones de euros de Mayo y Salinas (cuatro y uno).
Hasta el momento, los informes policiales atribuyen esta suma al pago de una comisión que cobró Francisco Correa, y que fue abonada por la adjudicación del Ayuntamiento de Arganda a Martinsa de unas fincas por un precio de 77 millones de euros, una cantidad considerada muy baja en relación con la de mercado. De hecho, Martinsa logró vender un tercio de estos terrenos de origen municipal por unos 70 millones de euros. Fernando Martín, en declaraciones a este periódico, defendió la legalidad de la adjudicación, al mismo que aseguró que el precio fue acorde con la situación económica que se vivía en ese momento.
El magistrado Pablo Ruz también ha solicitado los documentos relacionados con otra operación relacionada con la adjudicación del Ayuntamiento de Arganda de las fincas a Martinsa, en febrero de 2005, en la que Fernando Martín y Amando Mayo Rebollo se intercambiaron 700.000 euros.
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