Convergència y el PP ponen límites a la investigación de las cajas en el Parlament

La comisión de investigación sobre las cajas echó a andar ayer en el Parlament de Cataluña con el encargo de averiguar cómo en apenas tres años se ha desmoronado un sistema caracterizado por un amplio mosaico de entidades con gran arraigo territorial y social. De las 10 cajas que había antes de la crisis, solo una, La Caixa, resiste sin ayudas públicas, nacionalizaciones ni absorciones forzadas. La comisión espera arrojar luz sobre este tsunami y ayer arrancó con promesas de “transparencia” de todos los partidos. Sin embargo, ya aparecen nubarrones en el horizonte. Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) formaron un frente común para limitar la investigación a las cajas que han requerido ayudas públicas y dejar a un lado las pesquisas sobre la venta de participaciones preferentes y otros productos de inversión de alto riesgo que han colocado todas las entidades sin excepción.

La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, confirmó ayer, antes de la constitución de la comisión, que ha negociado con CiU para acotar el contenido de la comisión de investigación parlamentaria sobre las cajas de ahorro de modo que solo comparezcan los directivos de las entidades que hayan recibido dinero público. “Las acciones preferentes no son la prioridad de la comisión”, advirtió Sánchez-Camacho.

Este posicionamiento se repitió en la constitución de la comisión por parte del portavoz del PP, Enric Millo. El de Convergència i Unió, Jordi Turull, dejó claro también que su objetivo es investigar las cajas que han recibido dinero público y delimitar “responsabilidades”.

Preferentes en la picota

El posicionamiento de CiU y el PP, cuyos votos suman mayoría absoluta y, por tanto, son claves para orientar la comisión y forzar o vetar comparecencias, contrasta con los cuatro grupos que firmaron la petición para que el Parlament lanzara la investigación. La izquierda en pleno quiere la comparecencia de todas las entidades que han vendido hipotecas de riesgo, bonos convertibles o participaciones prefentes. El portavoz socialista, Jaume Collboni, dejó claro que algunos de estos productos “se han colocado de forma fraudulenta”. Y si bien el PSC quiere que las preferentes se investiguen de forma separada del resto de los problemas de las cajas, dejó claro que deben ser tratadas en el seno de la comisión.

Los representantes de Iniciativa, Esquerra, Ciutadans y Solidaritat en la comisión —Francesc Vendrell, Pere Aragonès, Albert Rivera y Alfons López Tena— reivindicaron que la comisión, de la que son impulsores, debe abordar también las participaciones preferentes. “Es necesario que comparezcan las entidades que han recibido dinero público y las que han comercializado preferentes. Sería un verdadero escándalo y una burla que no fuese así”, advirtió Vendrell.

Las dudas se resolverán el 16 de julio en la siguiente sesión de la comisión, cuando se voten las primeras peticiones de comparecencia de todos los grupos, que deberán registrarse en la Cámara antes del 13 de julio. CiU y el PP, así como el presidente de la comisión, el convergente Antoni Fernández Teixidó, no cesaron en sus llamamientos a la “responsabilidad”.