Liturgia, copago y datos fiscales

La liturgia era la forma que tenían los antiguos griegos de cobrar los impuestos. Los ciudadanos ricos tenían la obligación fiscal de hacerse cargo de diversos servicios públicos para la ciudad en función de su riqueza, desde financiar un gimnasio hasta financiar una nave de guerra y a cambio obtenían fama y honor. Pero como tampoco allí les gustaba pagar impuestos tenían un método radical para combatir el fraude fiscal: el ciudadano que denunciaba el fraude tenía derecho a un juicio con el potencial defraudador y si vencía y demostraba que el rico ocultaba su patrimonio, toda la fortuna del defraudador pasaba al denunciante y viceversa. No hay duda de que el sistema era eficaz.

No sé si porque la iglesia católica desfiguró totalmente el concepto de la liturgia o por otra razón, pero lo cierto es que nuestras haciendas no utilizan los principios de la Grecia clásica en materia de fisco. Ni pagar los impuestos es un honor público, ni los ciudadanos pueden saber si sus convecinos pagan lo que deben, ni se recompensa económicamente a los ciudadanos que descubren fraudes fiscales.

Por ejemplo, nuestra hacienda no premia a quien denuncia un fraude fiscal, sin que nadie reclame un cambio de política al respecto. Pero hay que recordar que hasta el año 1995 se recompensaba al denunciante con el 10% del producto que obtenía hacienda y que gracias a eso, por ejemplo, un empleado de banca proporcionó a la hacienda estatal un listado de fortunas opacas al fisco. Quizás por eso se suprimió ese mecanismo en España y, de pasada, en nuestro sistema foral. Otros países, como Alemania o Francia, por ejemplo, siguen pagando al denunciante y gracias a eso se han podido conocer recientemente listados de cientos de defraudadores fiscales con cuentas en Suiza o Liechtenstein, algunos de los cuales eran conocidos magnates hispanos.

Los datos fiscales que aquí se niegan a cruzar llegan a las farmacias españolas

Tampoco seguimos el ejemplo de la tradición griega en cuanto a la transparencia fiscal. Aquí, incluso las haciendas forales, sobre todo la vizcaína, hacen alarde de secretismo hasta el punto de negarse a compartir sus bases de datos con las otras haciendas forales o estatales, incluso cuando el Gobierno vasco pide una conexión de las bases fiscales para luchar contra el fraude fiscal. De creer al diputado foral vizcaíno, la intimidad de sus contribuyentes es tan delicada que sería un drama que un foráneo pudiera mirar de reojo sus declaraciones, incluso si es para combatir a los defraudadores. El secretismo, incluso, se aplica a lo que pagan las empresas, cuando, que yo sepa, no hay la menor posibilidad de que una empresa tenga “intimidad” que proteger. Debe ser por la proverbial timidez vasca.

La realidad es mucho más prosaica y refleja la hipocresía de esa postura. Ha bastado la implantación del denominado copago farmacéutico para que cualquier farmacéutico español tenga una información de los datos fiscales vascos que se niegan a las otras haciendas. A partir de mañana, lunes, cualquier farmacéutico español —los vascos no, por ahora— va a saber el nivel de renta declarada de cada consumidor de recetas, pues todos los ciudadanos vascos estaremos reflejados en uno de los seis tramos de renta en los que nos ha clasificado la Seguridad Social a efectos de pago.

Necesitamos un cambio de política en materia de transparencia fiscal

Lo curioso es que esta divulgación masiva de los datos fiscales a terceros se ha realizado muy rápidamente. En unas pocas semanas, de hecho, nuestros más fieros diputados forales han trabajado duro para entregar a un funcionario de la Seguridad Social los datos fiscales que se negaban a compartir con el Gobierno vasco. Por lo que se ve, las haciendas forales son leones cuando se trata de luchar contra el Gobierno vasco, pero gatitos cuando les llaman de Madrid. Todo un ejemplo.

El secretismo de las haciendas forales es altamente sospechoso. Ya tenemos fama de “piratas” en Bruselas, porque se han convencido de que ese secretismo foral a ultranza encubre prácticas contrarias a las reglas de la Unión Europea (UE) y el recientísimo expediente por el que se declaran “ayudas de Estado” ilegales a los convenios firmados entre la Diputación vizcaína y el Grupo Afer, de Jabyer Fernández, es un ejemplo adicional.

También son recientes los juicios penales sobre prácticas de favoritismos y corruptelas de altos funcionarios de las haciendas forales, comportamientos que también se han dado en la hacienda estatal, y que demuestran que no se puede dejar la vigilancia de la hacienda solo a la propia hacienda y que el secretismo muchas veces encubre malas prácticas. ¡Ni siquiera el Tribunal Vasco de Cuentas se atreve a indagar sobre cómo funciona por dentro el mecanismo de la hacienda foral!

Todo ello no puede seguir así y por eso necesitamos un cambio de política en materia de transparencia fiscal, siguiendo el ejemplo de otros muchos países, fundamentalmente los del Norte de Europa, que han desarrollado unos mecanismos de transparencia fiscal que permiten a la prensa y a órganos de la sociedad civil el acceder a datos fiscales sensibles en beneficio de la opinión pública. Esa mayor transparencia fiscal transmite al ciudadano la sensación real de que “hacienda somos todos” y de que hay quien, aparte de la propia hacienda, vigila para que eso sea así. Y si esas leyes les parecen una solución complicada de aplicar, entonces que sigan el modelo griego: juicio y, si la denuncia es real, cambio de fortuna entre denunciante y denunciado. ¡Viva Grecia!