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Las cajas vendieron participaciones preferentes a niños y discapacitados

La Fiscalía investiga si los contratos a menores se comercializaron correctamente

Contrato suscrito por una menor que, al carecer de DNI, se identificó por su fecha de nacimiento.
Contrato suscrito por una menor que, al carecer de DNI, se identificó por su fecha de nacimiento.

“Si su entidad le ha asesorado, se asegurará de que el producto se ajusta a sus objetivos y situación financiera”. Si no estuvieran seriamente irritados, a miles de compradores de participaciones preferentes les daría la risa al leer lo anterior, escrito en un folleto de la Comisión del Mercado de Valores. En otro párrafo les recomienda que se tomen “el tiempo necesario para decidir con conocimiento, sin precipitación ni bajo presión”. La vida real no sigue las reglas de ningún folleto, y es una lástima, porque de lo contrario Carmen González, una vecina de O Rosal, no hubiera atendido la llamada de Caixa Galicia en 2009 para que pasase por la oficina. En ese Ayuntamiento rural de la provincia de Pontevedra, de 6.613 habitantes, de la noche a la mañana cerca de 800 se convirtieron en expertos en valores de alto riesgo. Una amable agente llamada Julia le ofreció a Carmen ese producto disfrazado de depósito a plazo fijo, una “cosa segura”. Carmen tiene una hija discapacitada intelectual de 34 años, que no sabe qué es un euro, para la que ella y su marido Juan ahorraron toda la vida. Invirtieron el dinero de la niña a su nombre con ellos como tutores legales.

Hace unos meses, cuando comenzaron las movilizaciones, se les ocurrió sacarlo del banco. “Fui a buscar la cartilla, porque pensaba que me habían dado una, pero no, solo estos folios”, —y enseña dos hojas con las condiciones generales del contrato a doble cara, con la letra muy apretada—. “Cuando me di cuenta de lo que era se me volvió el día noche”. La niña pregunta por su dinero, dice Mari Carmen, porque este verano se va de campamento a Portugal e intuye que una cosa tiene relación con otra. Ella y su marido son pensionistas.

Casos similares se repiten con bebés y niños. Menores que son titulares de preferentes porque sus padres confiaron en el banco. Como Ana Belén Álvarez que suscribió con Caixanova participaciones preferentes en 2007 y un año después invirtió un dinero a nombre de su hija. “Hablé con el director, me dijeron que me daban un plazo fijo con un interés de entre el 2,5% y el 3%”.

En agosto del año pasado hizo lo mismo que Carmen, intentar rescatar el dinero. La caja estaba en plena fusión. Los de la oficina le dijeron que no era el momento y le fueron dando largas hasta febrero, cuando se decidió a contactar con la plataforma de afectados.

A ella sí le hicieron el test en “conocimientos y experiencia en inversión financiera”, de cinco preguntas, incluida una sobre el nivel de estudios. Marcó la casilla “otros”, porque tiene EGB, y de las tres opciones de respuesta, las otras dos se referían a estudios universitarios. El resultado: “Experiencia media en inversión financiera”. Justo la que el banco necesitaba para justificar la operación. Está indignada con Benito, el empleado que se las vendió y que fue trasladado a Salceda. Hace poco lo visitó con un grupo de afectados. “Lo primero que dijo al vernos entrar por la puerta de la oficina fue: perdón, perdón. Y si alguien te pide perdón es porque reconoce la culpa”.

Otro caso de venta a menores tiene como protagonista a Julio. Suscribió para su hija el producto en 2010. Como la niña no tenía DNI, la identificaron por la fecha de nacimiento. En la orden de compra de las participaciones preferentes que adquirió a Caixanova figura como vencimiento el año 2050. Ese año ella cumplirá los 49.

 

La Fiscalía investiga los contratos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores asegura que cualquier niño puede ser titular de un producto de alto riesgo. “Igual que de un piso o de un paquete de acciones, siempre que firme su tutor”. Pero la Fiscalía Superior ha abierto una investigación para determinar si la comercialización de las preferentes entre menores gallegos fue la correcta.

Según aseguró recientemente el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, se están tramitando procedimientos individualizados por denuncias de falsedad en las firmas, estafa, o imposiciones a plazo de bienes de personas incapaces y menores. En total, la fiscalía, el Instituto Galego de Consumo y la asociación de banca Adicae han remitido cerca de 1.700 contratos dudosos o con indicios de la existencia de cláusulas abusivas.

En España ya hay precedentes parecidos. José Chamizo, defensor del Pueblo andaluz, ha remitido un escrito al Fiscal Superior de Andalucía en el que describe “situaciones sorprendentes”, léase copias de contratos sin firma, suscritos con la huella dactilar o por menores de edad, un calco de las denuncias que han surgido en Galicia. Chamizo cree que puede haber indicios de delito y hace especial hincapié en el caso de los niños.