PSOE e IU fuerzan que Arenas declare en la comisión de los ERE

La comisión de investigación del fraude de los ERE, la primera que se crea en el Parlamento andaluz en 17 años, va camino de convertirse en un circo. El listado remitido ayer por los tres grupos a los servicios jurídicos del Parlamento —es decir, que no pasó por el Registro de la Cámara—, así lo indican.

La comisión tiene como finalidad establecer las responsabilidades políticas de este caso de corrupción que trae de cabeza al PSOE desde que cobró dimensión regional, primero, y nacional, después, en febrero de 2011. Todos los partidos contribuyen a que no falte nadie en el paseíllo camino de la sala de comisión. Las comparecencias son abiertas a los medios de comunicación, retransmitidas por el circuito interno de televisión del Parlamento y por Internet.

PSOE e Izquierda Unida, socios en el Gobierno andaluz, suman mayoría en la Cámara. Ambos han pedido que acudan a declarar no solo los altos cargos socialistas en el periodo investigado (2001-2010), sino que reclaman la presencia de dirigentes del PP que tuvieron responsabilidad de Gobierno en alguno de esos años. Así, tanto el PSOE como IU incluyen en su listado al presidente del PP andaluz, Javier Arenas, porque como ministro de Administraciones Públicas era “responsable de la correcta coordinación de la Administración general del Estado en la comunidad”, dicen los socialistas. También llaman al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana porque durante su etapa se tramitó el ERE de la Faja Pirítica de Huelva o a Juan Ignacio Zoido, actual alcalde de Sevilla y futuro líder del PP andaluz, porque era el delegado del Gobierno en Andalucía. El PSOE llama además al exministro de Trabajo del PP Manuel Pimentel, como receptor de una de las ayudas públicas.

El PSOE pide un total de 26 comparecencias, una menos que IU (aunque este partido llamará también a las aseguradoras), mientras que el PP ha anotado hasta 135 nombres.

Los tres grupos coinciden en llamar a declarar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que fue consejero de Economía y Hacienda desde 2004 a 2009, y su antecesor Manuel Chaves, presidente desde 1990 hasta 2009. Además, piden que pasen por el Parlamento hasta 10 consejeros o exconsejeros entre ellos los responsables de Hacienda Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo, todos los consejeros de Empleo e Innovación que tuvieron responsabilidad en las ayudas: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández (que se encuentra en prisión preventiva), Manuel Recio, Francisco Vallejo, Martín Soler y Antonio Ávila.

En la lista están exviceconsejeros, directores generales, asesores, y empresarios e intrusos que recibieron subvenciones. El PSOE incluye a polizones ligados al PP y éste a su vez a los que tenían carné socialista. Los populares también incluyen en sus peticiones a Josefa Medrano, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla y pareja del referente comunista Felipe Alcaraz, que fue prejubilada en el ERE de la antigua Tabacalera. Igualmente, desean que vayan a la comisión el portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, y el diputado del PSOE José Caballos, muy ligado a la Sierra Norte de Sevilla, comarca que concentró 50 millones de euros de ayudas de lo 73 millones destinados a empresas y municipios de toda Andalucía. El Partido Popular ha pedido 91 informes.

El lunes, el presidente de la comisión, Ignacio García (IU), deberá establecer el calendario de las comparecencias que empezarán a partir del 23 de julio. García estimó que los declarantes serían medio centenar, pero se ha quedado corto. La comisión trabajará en el mes de agosto, periodo que ha sido habilitado por el Parlamento. Los telediarios ya tienen agenda para todo el verano.