La Generalitat y las cajas venden el 71% de Terra Mítica por 20 millones

Terra Mítica, el sueño de Eduardo Zaplana que devino en pesadilla y en un pozo sin fondo que ha engullido una cifra superior a los 400 millones de euros, pertenece ya a George Santa Maria, un empresario francés de origen argelino, también propietario de otros dos parques en Benidorm: Aqualandia y Mundomar. Aunque el nuevo propietario ha pagado al Consell (22,31%), la CAM (24%), Bancaja (24%) y el Banco de Valencia —que tenía menos del 2% del capital— 65 millones de euros, la realidad es que 45 de ellos se destinarán a saldar la deuda que todavía arrastraba el complejo de ocio, así que los cuatro accionistas que acumulaban casi el 71% del capital de Terra Mítica, SA se repartirán los 20 restantes.

El trato cerrado el miércoles fue un acto de transmisión del 70,76% de las acciones del parque a la mercantil Ocio y Parques Temáticos, SL, la que alquiló el parque hace dos años con una opción de venta durante los tres primeros ejercicios por 65 millones de euros, ahora ejecutada, de los que el comprador ya adelantó 15 a la firma del contrato, que se repartieron los vendedores en función de su participación. El 100% de las acciones del parque de Benidorm están, por primera vez, en manos privadas.

El reparto de los 20 millones, en función de la participación social que cada uno tenía en la empresa, queda de esta forma: 6,2 para el Consell, 6,7 para cada una de las dos cajas, y apenas 200.000 euros para Banco de Valencia. Ese es el dinero que recibirán en limpio de la venta de Terra Mítica los principales accionistas tras haber invertido casi el doble de los 240 millones en que se presupuestó su construcción.

En su declaración ante un juzgado de Valencia en 2006 por una trama de facturas falsas en la construcción del parque temático, el exdirector general, John Fitzgerald, reconoció que partiendo de un presupuesto de 240 millones, Terra Mítica ya había costado hasta entonces 376. Y tras salir de la suspensión de pagos ese mismo año no hizo más que incrementar su deuda. El coste final de la aventura promovida por Eduardo Zaplana supera ampliamente los 400 millones, de los que aproximadamente la mitad han salido de las arcas públicas de la Generalitat. Pero a esta cantidad hay que añadir decenas de sentencias del TSJ que llegaron a multiplicar hasta por 10 el precio del suelo no urbanizable expropiado por el Consell a empresas y particulares amparándose en el interés general. Solo en cuatro de ellas, la Generalitat tuvo que pagar un sobrecoste de 66 millones de euros.

Aqualandia ha conseguido la adjudicación del parque gracias a la presión que ejerció el empresariado local de Benidorm, a quien se unió el exconsejero de Economía, Gerardo Camps, natural de la misma ciudad, frente a otras dos ofertas de Parques Reunidos y Aspro. En un comunicado, el Consell recordó que la operación de venta del parque se enmarca en un proceso de reordenación de proyectos estratégicos que persigue "la sostenibilidad de los proyectos iniciados o terminados ahorrando costes, incorporando la iniciativa privada, reduciendo deuda pública y adaptando los objetivos a las complejas circunstancias actuales".

El grupo Aqualandia ha afrontado el pago de los 50 millones que tenía pendientes en parte mediante una ampliación de capital realizada en mayo de 31,76 millones de euros, y el resto con financiación ajena. Pero cuatro accionistas minoritarios de esta empresa de la familia Puchades de Benidorm, enfrentados con el accionista mayoritario, George Santa-Maria, presentaron una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia porque consideran que la venta de acciones de una mercantil totalmente pública debería haber salido a concurso favoreciendo la libre concurrencia. En el escrito aseguraban que la operación de venta del parque se ha materializado a través de un bróker llamado Ambers, pero no han conseguido la paralización cautelar de la operación que habían solicitado, si bien la Fiscalía del TSJ ha abierto una investigación.

Fuentes de la nueva dirección del grupo Banco Sabadell aseguraron ayer que nunca han tenido vocación alguna de poseer una cartera industrial, ya que su "foco esencial de actuación está en la actividad puramente bancaria", y enmarcaron la operación en una política "de desinversiones de aquellas participaciones que no sean consideradas estratégicas para la entidad". Unas desinversiones que "se irán realizando progresivamente y cuando representen una buena oportunidad para el grupo", añadieron.

Mañana está convocada la junta general de accionistas del parque, en la que está prevista la modificación de su consejo de administración y el nombramiento de los nuevos órganos de gobierno de la empresa.

Parque temático Terra Mítica, en Benidorm. / carles francesc

Terra Mítica, el sueño de Eduardo Zaplana que devino en pesadilla y en un pozo sin fondo que ha engullido una cifra superior a los 400 millones de euros, pertenece ya a George Santa Maria, un empresario francés de origen argelino, también propietario de otros dos parques en Benidorm: Aqualandia y Mundomar. La Generalitat citó el miércoles en una notaría a los gestores de Terra Mítica para traspasarles definitivamente la propiedad del parque, cuya venta fue anunciada el 9 de diciembre de 2011 por el Consell por 65 millones.

La venta fue un acto de transmisión del 71% de las acciones de la sociedad Terra Mítica, SA que estaban en manos de la empresa de capital público Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (22,31%), Bancaja (24%), una mercantil de la CAM llamada Tinser (24%) y el Banco de Valencia, que tenía una participación inferior al 2%, a la mercantil Ocio y Parques Temáticos, SL, la que alquiló el parque hace dos años con una opción de venta en los tres primeros ejercicios por 65 millones, ahora ejecutada por el arrendatario, de los que el comprador ya adelantó 15 millones a la firma del contrato.

De los 65 millones obtenidos con esta operación, 45 irán íntegramente a saldar la deuda acumulada por Terra Mítica. El reparto de los 22 millones restantes queda de esta forma: 6,2 para el Consell, 6,7 para cada una de las dos cajas, y apenas 200.000 euros para Banco de Valencia.

En su declaración ante un juzgado de Valencia en 2006 por una trama de facturas falsas en la construcción del parque temático, el exdirector general, John Fitzgerald, reconoció que partiendo de un presupuesto de 240 millones, Terra Mítica ya había costado hasta entonces 376. Y tras salir de la suspensión de pagos ese mismo año no hizo más que incrementar su deuda. El coste final de la aventura promovida por Eduardo Zaplana supera ampliamente los 400 millones, de los que aproximadamente la mitad han salido de las arcas públicas de la Generalitat. Pero a esta cantidad hay que añadir decenas de sentencias del TSJ que llegaron a multiplicar hasta por 10 el precio del suelo no urbanizable expropiado por el Consell a empresas y particulares amparándose en el interés general. Solo en cuatro de ellas, la Generalitat tuvo que pagar un sobrecoste de 66 millones de euros.

Aqualandia consiguió la adjudicación del parque gracias a la presión que ejerció el empresariado local de Benidorm, a los que se unió el exconsejero de Economía, Gerardo Camps, natural de la misma ciudad, frente a otras dos ofertas de Parques Reunidos y Aspro. En un comunicado, el Consell recordó que la operación de venta del parque se enmarca en un proceso de reordenación de proyectos estratégicos que persigue “la sostenibilidad de los proyectos iniciados o terminados ahorrando costes, incorporando la iniciativa privada, reduciendo deuda pública y adaptando los objetivos a las complejas circunstancias actuales”.

El grupo Aqualandia ha afrontado el pago de los 50 millones que tenía pendientes en parte mediante una ampliación de capital que afrontó en mayo de 31,76 millones de euros, y el resto con financiación ajena. Pero cuatro accionistas minoritarios de esta empresa de la familia Puchades de Benidorm, enfrentados con el accionista mayoritario, George Santa-Maria, presentaron una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia porque consideran que la venta de acciones de una mercantil totalmente pública debería haber salido a concurso favoreciendo la libre concurrencia. En el escrito aseguraban que la operación de venta del parque se ha materializado a través de un broker llamado Ambers, pero no han conseguido la paralización cautelar de la operación que habían solicitado, si bien la Fiscalía del TSJ ha abierto una investigación.

Fuentes de la nueva dirección del grupo Banco Sabadell aseguraron ayer que nunca han tenido vocación alguna de poseer una cartera industrial, ya que su “foco esencial de actuación está en la actividad puramente bancaria”, y enmarcaron la operación en una política “de desinversiones de aquellas participaciones que no sean consideradas estratégicas para la entidad”. Unas desinversiones que “se irán realizando progresivamente y cuando representen una buena oportunidad para el grupo”, añadieron.

Mañana está convocada la junta general de accionistas del parque, en la que está prevista la modificación de su consejo de administración y el nombramiento de los nuevos órganos de gobierno de la empresa.