Las Juntas anulan el decreto sobre la aportación de los datos para el copago

Las Juntas Generales alavesas dieron ayer la espalda al decreto foral aprobado el 12 de junio por el equipo del diputado general, Javier de Andrés, para poder trasladar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la información tributaria necesaria para calcular en qué tramo de copago estaría cada uno de los contribuyentes alaveses a partir del 1 de julio. El rechazo de socialistas, Bildu y EB, así como la abstención del PNV, propició este plante en contra de la cesión de datos que, por otro lado, no es más que un paso simbólico, ya que en los quince días en los que el decreto ha estado en vigor, la Diputación ya ha enviado los datos necesarios para aplicar el copago. La derogación del decreto normativo de urgencia fiscal bien podría servir para imposibilitar a la Diputación la remisión de nuevos datos —el próximo ejercicio habrá que actualizar los datos de los contribuyentes para ajustar el copago a su situación real—, pero fuentes del ente foral confirmaban ayer a este periódico que, si llegase el momento, se podría elaborar y aprobar un nuevo decreto, lo que llevaría a que se repitiese la situación y que las Juntas echaran atrás el decreto días después del envío de los datos. Ante la falta de efectos prácticos, la portavoz del PSE, Cristina González, exigió por la tarde, en un comunicado, que De Andrés “deniegue el uso” de los datos ya enviados.

De una forma u otra, el resultado de la votación es meramente testimonial ya que el Gobierno vasco ha elaborado un decreto, que podría ser aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy, por el que se palian las medidas de copago farmacéutico que entrarán en vigor el 1 de julio en todo el Estado y se recogen otras, las positivas, como las referidas a los parados de larga duración.

Sea como fuere, la oposición fue unánime ayer en las Juntas Generales en la dureza de sus críticas en contra del copago o repago al que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere someter a los ciudadanos. El PNV se centró en la “invasión de competencias” y en la interpretación de que no se trata de una medida de obligado cumplimiento —esta supuesta obligación fue la principal idea que manejó el PP en su intervención en las Juntas— para defender su abstención, pese a que en la Diputación de Bizkaia han promovido la modificación de la norma foral general tributaria para hacer posible este cruce de datos. Mientras, el bloque de izquierdas atacó apuntando al interés de debilitar el sistema público en favor del privado.

El socialista Josu López de Ubierna censuró que una medida vendida a favor de la sostenibilidad que en realidad es una “mera medida recaudatoria intimidatoria” que calificó como “perversa, interesada y generadora de incertidumbre”. Desde Bildu, Gorka Ortiz de Guinea censuró que se “arrastra” a los vascos al copago para hacer frente a deudas de sistemas sanitarios como el valenciano. Frente a esto, abogó por un “marco propio” porque “dentro del Estado español lo que nos queda es el recorte, la pérdida de derechos y la privatización”.