La izquierda y la corrupción

 La sociedad catalana está para su desgracia acostumbrada desde hace décadas al periódico goteo de casos de corrupción político-económica, en algunas ocasiones en búsqueda de beneficios particulares y en otras como parte de la financiación irregular de Convergència i Unió (CiU). Desde el caso Casinos de la década de 1990, al caso Millet, todavía coleante, pasando por el caso Treball de la década de 1990, la lista es larga y solo hay una ocasión relevante en la que los miembros de CiU implicados en ellos no sean los protagonistas únicos: el caso Pretoria. Se trata de un asunto de tráfico de influencias descubierto en 2009 en el que dos destacados excolaboradores de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, comparten protagonismo con un político socialista, el alcalde de una localidad tan importante como Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz.

La izquierda catalana ha gobernado durante décadas en los más importantes Ayuntamientos y Diputaciones del país y durante siete años en la Generalitat, en un apreciable ambiente de honradez, en el que las excepciones han sido rápidamente acotadas. Sin embargo, ahora ha emergido el caso Innova, que salpica a dos exalcaldes del PSC y a un destacado alto cargo de la Administración socialista, Carles Manté, que fue nada menos que director del Servicio Catalán de Salud durante la etapa de Gobiernos de izquierda en la Generalitat. El asunto ha surgido casi en el mismo momento en que saltaban también otros dos casos con tufo de corrupción económica, uno de ellos protagonizado por un exdirectivo del Hospital de Sant Pau, Ricard Gutiérrez, y el otro por el diputado autonómico de CiU Xavier Crespo cuando era alcalde de Lloret y por el empresario Ramon Bagó, exalcalde de Calella (Maresme) por CiU.

La trama puesta al descubierto es, desde luego, poca cosa en comparación con lo ya conocido sobre los casos Gürtel y Millet, en los que la financiación irregular de PP en Madrid y Valencia, y de CiU, respectivamente, llevaba aparejada la obtención de pingües beneficios para sus gestores. En el caso Millet, por ejemplo, se calcula en 32 millones de euros. De Manté se habla de que habría percibido unos 700.000 euros por trabajos dudosos.

La trama puesta al descubierto es, desde luego, poca cosa en comparación con lo ya conocido sobre los casos Gürtel y Millet

La diferencia es grande, pero las cifras no son lo más importante en este asunto. Lo que le da relevancia es que viene a romper el espejo de la honestidad en la gestión de los asuntos públicos en el que se mira la izquierda allí donde gobierna.

La dirección del PSC parece haber comprendido que debe encarar el caso Innova de forma distinta, incluso contraria, a como la cúpula de CiU —en cuyo vértice se halla el presidente de la Generalitat, Artur Mas— afronta el caso Millet, que, por otra parte, es la de siempre en los numerosos escándalos del mismo tipo que han afectado a su partido desde 1980: ocultación, disimulo, negación de obviedades. Y vuelta a empezar.

De ahí que deba ser acogida positivamente la decisión del primer secretario socialista, Pere Navarro, de impulsar una investigación del Parlament para llegar al fondo del asunto, aunque probablemente quede al descubierto que alguno de los suyos actuó como no debía. Ello es así porque una de las primeras obligaciones de los dirigentes de la izquierda es, precisamente, dejar bien claro que no persiguen el poder para obtener beneficios particulares y que en el siempre posible supuesto de que alguno de sus militantes caiga en la tentación de obtenerlos, su partido no reaccionará como los de la derecha. Es decir, que no negará lo ocurrido, no disimulará como si la cosa fuera con otro, no rehuirá responsabilidades y tampoco mezclará impúdicamente la responsabilidad política y moral pública con la responsabilidad penal a la espera de que un largo proceso judicial diluya el escándalo. Eso es lo que hacen Artur Mas y Mariano Rajoy.

El peligro es que la aparición de una supuesta corrupción económica en la izquierda sea interpretada con el gran argumento del populismo derechista: el de que todos son iguales. Pere Navarro y los socialistas tienen la oportunidad de dejar claro que no, que la izquierda no tolera la corrupción y que, cuando se da entre los suyos, tampoco la digiere como si nada ocurriera, como hace la derecha.