“Es un daño al servicio público y la gente no es consciente”

Cristina Morales, de 24 años, es una excepción en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Tras terminar la carrera de Relaciones Laborales sacó al primer intento la oposición de tramitador judicial. Desde agosto de 2011 trabaja en el Juzgado de lo Penal 4 de Málaga. El recorte del salario ha supuesto también un recorte de las expectativas de vida de esta joven. Cuando comenzó a estudiar, el salario de un tramitador sin trienios de antigüedad rondaba los 1.450 euros. La reducción del salario del 5% a todos los empleados públicos decretada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, lo dejó en 1.289 euros. A partir de julio su salario rondará los 1.075 euros.

La joven comparte con su pareja un piso por el que paga un alquiler de 400 euros mensuales en un barrio obrero de Málaga. A esta cifra hay que sumar los 300 euros de letra mensual del Citroën C3. Con su novio afectado por un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE), el resto del dinero sirve para pagar las facturas y la comida. "He tenido que quitar gastos no esenciales. Antes iba a comer a casa de mi madre o de mi suegra por gusto; ahora me invitan además para echarme una mano", afirma. "De comprar una vivienda o de tener niños, ni hablamos, y lo cierto es que me gustaría", comenta.

Dos tercios del sueldo total de un funcionario de Justicia lo abona el Ministerio de Justicia. La Junta paga el tercio restante —los complementos específicos—. El recorte salarial global es del 5%, pero el Gobierno andaluz ha detraÍdo la cantidad del complemento específico, que se ha reducido en torno al 25%, se queja Cristina. Los funcionarios de Justicia temen un nuevo recorte por parte del Gobierno central.

Como la inmensa mayoría de los funcionarios de justicia, Cristina tiene su mesa atestada de papeles. Pese a que en teoría su labor es meramente administrativa, de su trabajo depende la libertad y el patrimonio de muchas personas. "Cuando llegué no pensaba que se trabajara tanto y con tanta responsabilidad. Por pura conciencia, echamos más horas de las que nos corresponden; así se te quitan las ganas. Este recorte es un daño al servicio público y la gente no es consciente", afirma.