Recurso contra el archivo de las cargas policiales en Valencia

Las 23 organizaciones agrupadas en la Asamblea por las Libertades y Contra la Represión El Micalet estaban este viernes “sorprendidas y preocupadas”. Este estado de ánimo se debía a la decisión del magistrado titular del juzgado número seis de Valencia, que archivó el jueves la denuncia formulada contra la delegada de Gobierno, Paula Sánchez de León, y el jefe de policía, Antonio Moreno, por las cargas policiales del pasado mes de febrero. Esta plataforma —creada por partidos políticos de izquierdas, sindicatos, asociaciones sociales y federaciones de alumnos— explicó frente al IES Lluís Vives, germen de las protestas, que ha recurrido el auto ya que “el juez ha dictado el archivo sin aperturar un proceso de averiguación de los hechos”.

Según explicó la abogada de la denuncia, Fabiola Meco, “no se ha cumplido con el deber judicial”. Meco comentó que el juzgado ha decretado un sobreseimiento sin ni siquiera abrir la causa: “No se ha dejado que se investiguen los hechos denunciados ni se ha permitido presentar las pruebas”, señaló. La abogada distinguió entre las facultades que le corresponden al juez y su deber: “Siempre confiamos en que la justicia haga su trabajo”, afirmó, “pero en este caso ha faltado a los derechos que el Tribunal Constitucional tiene reconocidos”, comentó. Según aclaró, el artículo número 24 garantiza “el derecho a un procedimiento judicial con todas las garantías debidas”.

Mientras tanto, los congregados en la puerta del centro educativo mostraron su indignación por la “inusitada rapidez” con que el juez ha resuelto el asunto. Sujetando una pancarta con la leyenda “somos el pueblo, no el enemigo”, varios de los asistentes se quejaron del distinto trato con el que se han valorado los hechos. “A nosotros nos han sancionado sin hacer nada y ellos salen impunes”, protestaba una de las chicas que han sido sancionadas por las manifestaciones. “¿En quién tenemos que confiar?”, se preguntaba Carolina Belenguer, portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA).

La conclusión a la que llega el juez se refiere a la “inexistencia de conductas penalmente relevantes”. Ignacio Blanco, portavoz adjunto de EUPV en las Cortes, secundó el recurso y declaró que “es incomprensible que, como mínimo, no se abran delegaciones”. “Hay un amplio margen de impunidad policial”, agregó, “porque las imágenes son fehacientes”. “Además, es inexplicable que todavía no haya dimitido nadie”.

“Yo pasé tres horas retenido sin saber por qué”, comentaba Elija, un miembro del Bloc d’Estudiants Agermanats, “y tengo que alegar las multas que me están poniendo”. “No es cuestión de defendernos a nosotros, sino de insistir en que deberían ser ellos los denunciados”, sintetizó. A la exposición pública del recurso también se unió un grupo de los denominados yayoflautas. Amparo Molina, una de sus componentes, resumió la decisión judicial en una sola frase: “Es normal en un país de chorizos”.