Los sindicatos cifran en 500 los puestos públicos eliminados

Si hace un mes el símbolo elegido para la protesta fue una subida al Gaiás, objeto de todas las críticas de despilfarro, ayer los empleados públicos indignados por los recortes de plazas se quedaron mucho más cerca del lugar donde se toman las decisiones que afectan a sus puestos de trabajo y al futuro de los servicios que prestan. Unas 200 personas, muchas de ellas trabajadores de servicios dependientes de Benestar, montaron una cadena que rodeó el perímetro de los edificios administrativos de la Xunta en Santiago para protestar por la amortización de plazas públicas, que este año será de unos 500 puestos, según portavoces del CSIF y de CIG, dos de los cuatro sindicatos presentes en el Comité Intercentros que convocó el acto de protesta. En este cálculo de las centrales están incluidas 270 plazas de centros de día, escuelas infantiles o centros de educación especial que este año no saldrán a concurso.

Al mismo tiempo que los trabajadores de los entes autonómicos salían a la calle, el Tribunal Superior de Xustiza acogía una vista sobre el conflicto colectivo presentado en mayo por CIG, CSIF, CCOO y UGT contra la Lei de Medidas de Emprego Público de Galicia aprobada en marzo. La norma reduce las retribuciones de los funcionarios de baja por enfermedad y suspende determinados artículos del convenio colectivo del personal laboral de la Xunta, como el que afecta al trabajo en domingo o día festivo, que ya no se intercambia por días libres. Montse Rodríguez, portavoz del CSIF en Pontevedra, anuncia “una subida del ratio cuidador-usuario” en servicios en los que el beneficiario necesita mucha atención, como es el caso de los grandes discapacitados. Rodolfo Docampo, representante de la CIG en el comité de empresa de la Xunta, ofrece idéntico diagnóstico y critica el recurso a la privatización. “En el centro de menores de Montealegre (Ourense), la Xunta ha gastado 900.000 euros en obras para que al final lo gestione una empresa privada”, ejemplifica.