150 millones de folios para clasificar en los juzgados
La Xunta se da cinco años para clasificar y depurar todos los expedientes judiciales
La Xunta se ha decidido a poner orden en el papeleo de los juzgados. Archivo por archivo a lo largo de los 50 que hay en Galicia, la Consellería de Presidencia se propone clasificar tres millones de expedientes y 150 millones de documentos para desalojar los papeles inservibles. El proyecto lo presentó ayer el presidente, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión de su Gobierno y busca aligerar el 75% del espacio de los juzgados.
Tiene su complejidad porque debe ser el juez quien autorice que expedientes se destruyen. Los que considere obsoletos irán directos a la trituradora de documentos, los que tengan “valor histórico, cultural o social y merezcan ser parte del patrimonio de Galicia” —hay carpetas de principio del siglo pasado— serán custodiados por el Gobierno y solo se mantendrán en dependencias judiciales los que tangan alguna relevancia legal.
La tarea, “ingente”, según explicó ayer Feijóo, comenzará en la Audiencia de Pontevedra dentro de dos meses y la Xunta se da cinco años para concluir los trabajos en todos las sedes judiciales de Galicia. Se trata de una vieja demanda del personal de la administración de Justicia, acostumbrado a sufrir cómo toneladas de papeles ganan espacio en todas las dependencias de los juzgados cuando se colapsa el archivo. El departamento de Alfonso Rueda ha comprobado cómo en las estanterías se apilan desde ruedas de coches robadas hasta hachas de agresiones cometidos hace décadas. Todo ese material es el que Presidencia quiere retirar.
Se trata de una “tarea útil, novedosa y necesaria para tener un acceso más fácil a la información”, aseguró Feijóo quien recordó que solo Valencia ha puesto en marcha esta labor de expurgo. Los archivos judiciales de gestión ordenarán, conservarán y custodiarán la documentación hasta que se remita a los archivos territoriales el traslado para su conservación, recuperación, de conformidade con la decisión de la Xunta aprobada ayer en la reunión semanal del Gobierno.
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