La Xunta incentivará a la Axencia Tributaria para que sancione más

Al igual que ya hace su homóloga estatal, la nueva Axencia Tributaria gallega trabajará con unos objetivos fijados de antemano que incentivarán a sus funcionarios a aumentar el número de sanciones y la cantidad de dinero recaudado con ellas. La Xunta dice que “simplemente, el nuevo modelo de gestión, agencia pública autonómica, se basa en la fijación previa de estos objetivos para su posterior evaluación y control, con la consiguiente exigencia de responsabilidad en caso de incumplimiento”. Pese a esa nueva exigencia de responsabilidades, asegura que “la fijación de estos objetivos no constituye ninguna novedad” en la persecución del “fraude fiscal ya cometido”.

La Axencia Tributaria, el nuevo ente que englobará a los departamentos de la Administración gallega que ya se encargaban de la recaudación y el control de impuestos y tasas autonómicas, debería estar operativa el próximo año. Será tras sucesivos retrasos, porque su creación ya fue prometida por el bipartito y por el actual Gobierno desde el principio de la legislatura. La última demora impedirá que los estatutos del nuevo ente, que acaban de iniciar su exposición al público, estén aprobados antes del verano, como había prometido el presidente Feijóo.

Esos estatutos ahora desvelados se limitan a contemplar de forma genérica la posibilidad de establecer “incentivos” y pagos de “productividad” por el rendimiento de cada funcionario. Pero es en la memoria justificativa previa, no divulgada, en la que se avanzan los objetivos que le fijará la Xunta al nuevo ente en su contrato-programa. Esos objetivos, con indicadores cuantificables, son los que primarán las funciones sancionadoras de la nueva agencia por encima de las de ayuda al ciudadano en el pago de sus autoliquidaciones.

La memoria recoge 16 objetivos, de los que siete hacen hincapié en el incremento de la recaudación ejecutiva, la apertura de expedientes sancionadores o el ingreso de mayores cantidades por multas y retrasos. Con esos siete indicadores se valorará la cantidad de dinero a ingresar por actuaciones de control, el número de actas de investigación selectiva abiertas, el importe recaudado con ellas, el número de liquidaciones practicadas “incluidas las derivadas de expedientes sancionadores”, el dinero correspondiente a “intereses de demora, recarga y sanción”, los euros totales ingresados por la vía ejecutiva y el número total de actuaciones ejecutivas, incluidas entre otras “notificación de providencias” o “diligencias de embargo”.

La Consellería de Facenda argumenta que “a partir de este número de actuaciones previstas se estima el volumen de deuda defraudada, que se detectaría tomando como referencia la deuda detectada en periodos anteriores”. Esa estimación se incluye como ingresos en los presupuestos autonómicos de cada año. La duda que no despeja Facenda es si esa preponderancia de objetivos recaudadores podría provocar exceso de celo por parte de los inspectores, presionados por los indicadores, lo que arrojaría resultados espurios del trabajo del ente.

Tampoco aclara por qué ese hincapié en los objetivos de recaudación sobre el resto. Porque frente a esos siete indicadores, solo cinco medirán la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, analizando variables como el número de solicitudes de información, el tiempo medio de tramitación de recursos y de resolución de aplazamientos, el porcentaje de documentos presentados por vía telemática o el grado de asistencia en la campaña de la Renta.

Otros cuatro indicadores se fijan en las cantidades totales recaudadas o en el número de actuaciones de comprobación o de valoraciones e informes que realiza el ente. Por otra parte, lo que sí contemplan los estatutos es que en su caso el personal directivo sea funcionario, aunque pueda ser elegido a dedo. Esta exigencia contrasta con los estatutos de otros entes paralelos, que permiten al Gobierno gallego fichar a sus directivos fuera del sector público.