El fiscal reclama “una sentencia ejemplar” al tribunal del ‘caso Malaya’

El fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha iniciado este lunes la exposición oral de su informe final en el juicio del caso Malaya pidiendo al tribunal que imponga “una sentencia ejemplar” a los acusados en el macroproceso sobre la corrupción en Marbella. En los primeros compases de su intervención, el representante del ministerio público ha querido “lanzar un mensaje nítido” a la sociedad: “No podemos permitir que se repitan estos comportamientos, que han dado lugar a que por primera vez en la historia de la democracia se produjera la disolución de un Ayuntamiento por enfrentamiento reiterado a la legalidad y al Estado de Derecho en su conjunto”.

Para López Caballero, el caso Malaya, la más conocida de las causas contra la corrupción municipal en España, “no supone un punto final” en la lucha judicial contra la corrupción en Marbella y en la provincia de Málaga. “Es un punto y seguido, y lo digo lamentándolo. 15 años de arbitrariedades dan para mucho (…) Falta de fiscalizar por el Tribunal de Cuentas los años de 2002 a 2006 y no podemos afirmar que se haya dado por finalizado el enjuiciamiento penal de estas irregularidades”, ha dicho el también fiscal jefe de Málaga.

La defensa del supuesto cerebro de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, ha presentado este lunes una auténtica enmienda a la totalidad del caso. La abogada del exasesor urbanístico, Rocío Amigo, ha solicitado la nulidad no solo de la instrucción, sino también de la vista oral, que se inició en septiembre de 2010 y que acumula ya 181 sesiones.

Amigo ha afirmado que las vigilancias policiales del verano y el otoño de 2005, previas a la apertura de la investigación, suponen “una vulneración de los derechos fundamentales” de Roca. También ha puesto de relieve lo que considera una “autoatribución” de la investigación por parte del juez instructor, Miguel Ángel Torres, lo que, de entenderse que fue así, supondría una causa de nulidad por vulneración del principio de juez natural.

Para la letrada de Roca, las escuchas policiales autorizadas por el juez y que sirvieron para poner en pie la investigación, no fueron “ni motivadas ni proporcionales”, por lo que también reclama su anulación. Para remachar este argumento, Amigo ha recordado que en la sesión del pasado 28 de mayo, un funcionario encargado del sistema de escuchas policiales Sitel “no pudo confirmar que las investigaciones se hicieran por los cauces legales”.

La abogada del principal procesado ha pedido la nulidad de los registros de los domicilios y despachos de Roca y ha puesto especial hincapié en la anulación de la documentación informática hallada en la oficina de Maras Asesores por “rompimiento de la cadena de custodia”. Esta documentación, que contiene la contabilidad secreta del exasesor –en la que se recogen los supuestos sobornos cobrados de empresarios con intereses en Marbella y los pagos a concejales marbellíes- ha sido clave en la investigación.

Rocío Amigo no solo ha criticado la instrucción, sino también la fase de enjuiciamiento. La letrada ha aludido al posible “juicio paralelo” a su cliente por la retransmisión televisiva de las jornadas del juicio, lo que además, según ella, ha podido influir en los testigos. También ha hablado de indefensión por la división en bloques del macrojuicio.

Por el contrario, López Caballero ha defendido la limpieza y legalidad de la investigación del caso Malaya ante los ataques de las defensas, que han criticado todos los aspectos de la instrucción, desde los registros domiciliarios a las detenciones pasando por las escuchas telefónicas. El fiscal ha negado que se produjeran seguimientos policiales por orden del Juzgado de Instrucción en los meses previos a la apertura de las diligencias por parte del juez instructor, Miguel Ángel Torres, en noviembre de 2005.