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La UCE denuncia a la CAM por vender acciones preferentes sin información

La organización en Castellón considera que la caja no informó del producto a los clientes

La Unión de Consumidores va a presentar la primera demanda colectiva de la provincia de Castellón contra la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por vender acciones preferentes a cinco clientes sin informarles supuestamente del tipo de producto que compraron y practicando un "asesoramiento nefasto".

Según han informado el secretario general de la UCE Castellón, Juan Carlo Insa, y el asesor jurídico de la UCE, Enric Pallarés, estos cinco clientes, a los que se les habría vendido acciones preferentes por valor de 60.000 euros, son los primeros en denunciar de los cerca de 10.000 afectados en la provincia.

Insa ha recordado que a partir de 2009, tanto la CAM como Bancaja (ahora Bankia), empezaron una comercialización "agresiva" de acciones preferentes con el fin de obtener liquidez.

Estas acciones, han explicado, son productos financieros de alto riesgo, destinados a grandes inversores, y no a pequeños clientes sin conocimientos para entender lo que compraban y a los cuales "no se les informó que eran productos con riesgo y sin garantías".

La UCE ha iniciado una ronda de reuniones en diferentes poblaciones de Castellón a las que acuden los damnificados, principalmente gente de pueblos del interior, entre los que destacan los de la comarca del Alto Palancia, donde la implantación de oficinas de Bankia es muy alta.

La mayoría de afectados, han señalado desde la UCE, son personas mayores que confiaban plenamente en los empleados y directores de las entidades bancarias y que trabajaban con las mismas al menos durante 10 años.

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En su demanda, la UCE pide la nulidad de los contratos por "vicio en el consentimiento" al entender que además de que los usuarios firmaron sin tener conocimiento de lo que suscribían, se habría podido falsear los test mifid, en los cuales deben constar una serie de requisitos que estos compradores minoristas no cumplían.

Por ello, en la demanda solicitan que se reembolsen las cantidades invertidas por los clientes y, en caso de que así fuera, que éstos devolvieran los intereses obtenidos con las acciones preferentes, para volver así a la situación anterior a la contratación.

Las acciones preferentes, ha explicado Insa, son "obligaciones perpetuas con inconvenientes añadidos", ya que "solo darán interés si la entidad financiera obtiene beneficios", y en el caso de Bankia y la CAM, ha ocurrido lo contrario.

En la provincia de Castellón podría haber 10.000 afectados por la compra de este tipo de productos, con una inversión de entre 200 y 300 millones de euros, ya que cada inversor habría comprado acciones por una media de entre 15.000 y 20.000 euros.

La UCE está recabando información de muchos de estos afectados para estudiar cada caso y seguir presentando demandas por estas ventas, ya que "hay indicios clarísimos de que ha habido comercialización agresiva y poco acorde a las buenas prácticas bancarias".

Asimismo, se ha dado traslado de la demanda y las acciones emprendidas al fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, para que estudie si entiende que lo hechos podrían ser constitutivos de algún tipo de delito.

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