La Fiscalía del Tribunal de Cuentas investigará el ‘informe Crespo’

El muro de contención alrededor del caso Crespo empezó a desplomarse ayer con el anuncio de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de que “ha iniciado actuaciones” para aclarar las irregularidades registradas entre 2000 y 2005 en la empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM).

La compañía —filial de la Corporación de Salud Selva Maresme, que gestiona los hospitales de Blanes y Calella— efectuó pagos irregulares por 1,3 millones de euros y causó pérdidas patrimoniales y de ingresos de 2,7 millones a la sanidad pública, según una auditoría —el informe Crespo, destapado por EL PAÍS— realizada en 2006 por la Sindicatura de Cuentas. Los hechos beneficiaron a un grupo de médicos y gestores de CMSM, encabezados por el exalcalde de Lloret y diputado por CiU en el Parlament, Xavier Crespo. La Sindicatura, sin embargo, votó en 2006 archivar el informe Crespo sin remitirlo al Parlament.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que estos hechos “pueden dar lugar a la existencia de responsabilidad contable” por el supuesto mal uso de fondos públicos. Aunque el ámbito de estas investigaciones es limitado, el anuncio supone un salto cualitativo de gran importancia en el caso, ya que considera los hechos contenidos en el informe Crespo susceptibles de ser investigados. El síndico mayor, Jaume Amat, ha sostenido hasta ahora lo contrario al considerar que el informe Crespo carecía de validez legal al no haber sido aprobado por el pleno de la Sindicatura.

La nota recuerda, además, que estas diligencias no excluyen a “otras a las que pudiera haber lugar”, en referencia a las responsabilidades penales. Tras tener noticia de la apertura de estas diligencias, Jaume Amat se limitó a admitir que está en contacto con el Tribunal de Cuentas y a recordar que el caso está en fase “preprocesal”.

El anuncio de la fiscalía tumba también lo sostenido hasta la fecha por la Generalitat, CiU y el PSC, que aseguraban que el caso Crespo ya había sido investigado y archivado por el Tribunal de Cuentas, que en enero de 2010 eximió a Crespo de haber cobrado un sueldo de 3.000 euros mensuales desde CMSM mientras era alcalde de Lloret, cargo por el que ya percibía un sueldo anual superior a los 50.000 euros.

El comunicado hecho público confirma que el Tribunal de Cuentas absolvió a Crespo sin conocer las irregularidades contenidas en la auditoría, que había sido rechazada por la Sindicatura.La fiscalía reconoce ahora que ha tenido noticia de ellas por primera vez gracias a las informaciones publicadas por este diario en las últimas semanas.

Los casos más graves detectados por el informe Crespo incluyen, entre otros, el pago de cientos de miles de euros en sobresueldos y complementos salariales fuera de los convenios y contratos laborables aplicables, y el destino de 334.000 euros en “gastos sin disponer de facturas o documentación que acredite las compras o servicios prestados”.

Los mayores beneficiados de estas irregularidades fueron el propio Crespo y su esposa —Guadalupe Oliva, también médico—, que percibieron un total de 209.000 euros que los auditores de la Sindicatura consideraron indebidos. Crespo llegó a pagar con fondos públicos sus cuotas del Colegio de Médicos y del club de hockey de Lloret y en un caso no ingresó en CMSM cerca de 4.000 euros recibidos de un cliente.

Las diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas chocan con la inhibición de CiU y PSC

Carme Aragonés, actual concejal del PSC en Pineda de Mar, y Xavier Rius Moya, entonces edil por CiU en Santa Susanna, también percibieron cuantiosos ingresos irregulares, según los auditores.

La auditoría de la Sindicatura de Cuentas fue dirigida por el síndico Agustí Colom, nombrado a propuesta de ICV. En el pleno de este organismo, encargado de velar por la limpieza de las cuentas de las Administraciones catalanas, el informe fue, sin embargo, rechazado en 2006 por los síndicos, nombrados a propuesta del resto de partidos (CiU, PSC, ERC y PP).

La apertura de diligencias por el Tribunal de Cuentas se produce tras el rechazo de la Sindicatura a entregar a ICV, y también a ERC, el informe Crespo. Jaume Amat mantuvo que la Sindicatura podía negarse a ello porque su normativa interna está por encima del derecho a la información de los diputados.