Los Verdes piden 5 años de cárcel al exalcalde de Torrevieja por falsedad

El Grupo Municipal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Torrevieja solicita cinco años de cárcel y 14 de inhabilitación para Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de la localidad y actual diputado autonómico del PP, por los delitos de falsedad y prevaricación en la adjudicación de la contrata de limpieza y recogida de basuras del municipio. Los Verdes piden esta pena para el cargo del PP en su escrito, en calidad de acusación popular, de acusación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

Los Verdes también piden que el exalcalde indemnice al Ayuntamiento por la cantidad correspondiente al coste del servicio de una consultoría durante el trámite de la adjudicación y por diferencia entre el importe final de la contrata y la oferta económica más barata. En este sumario también ejerce la acusación la Fiscalía, aunque aún no ha trascendio la pena que finalmente solicitará.

Los verdes han presentado su escrito de acusación y de petición de apertura de juicio oral al exalcalde tras la decisión del instructor del TSJ de rechazar el último recurso de Hernández Mateo a su imputación. No obstante, la defensa del exalcalde aún puede plantear un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ.

El Ayuntamiento de Torrevieja adjudicó la contrata de la basura en 2004 a la firma Necso-La Generala. Hernández Mateo validó la concesión a partir de un informe externo elaborado por una consultora que habitualmente trabajaba para la empresa adjudicataria. La causa contra Hernández Mateo la activó el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja a raíz de una denuncia del Grupo Municipal de Los Verdes presentada en 2007. En ese año, Hernández Mateo fue elegido también diputado autonómico. Dada la condición de aforado del imputado, el juez de Torrevieja remitió el sumario al TSJ.

Hernández Mateo tiene pendiente otras tres causas más. La primera es por un supuesto delito de uso privilegiado de información derivado de la compraventa de una finca con la que ganó 5,2 millones de euros. La segunda imputación es por un supuesto delito electoral vinculado a la autorización de un mitin en un espacio vetado por la junta electoral. Y la tercera indaga un supuesto delitos contra los derechos fundamentales por negarse a celebrar seis plenos municipales.