“Es una indignidad que siga de diputado”

La denuncia del fraude en las ayudas a la cooperación tiene dos nombres propios, los de las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís, que llevaron al fiscal Anticorrupción los datos de que disponían en octubre de 2010 y mantuvieron su presión en el Parlamento autonómico durante meses, pese a las amenazas de querella de Rafael Blasco y las descalificaciones procedentes de la bancada del PP cada vez que criticaron al exconsejero en el hemiciclo, en ocasiones con bastante contundencia.

“Que Blasco siga de diputado es una indignidad”, señaló el martes sin ambages la socialista Tirado, en cuya opinión el presidente Fabra “lo ha mantenido hasta el último momento” y ha facilitado con ello su intento de eludir la acción de la justicia aprovechando su condición de aforado. “Pese a la manifiesta connivencia con personajes racistas y que fantaseaban con violar a una de las diputadas que denunciamos el caso”, afirmó la parlamentaria socialista, “los populares han demostrado un miedo cómplice. El PP ha demostrado tener a Blasco el miedo que no hemos tenido las diputadas denunciantes, ni quienes desde las ONG han criticado las irregularidades, ni los periodistas que, pese al asedio sufragado con dinero público que han sufrido, se han obstinado en mantener sus informaciones sobre la verdad”.

“Desde el minuto uno esa trama apuntaba a Rafael Blasco”, aseguró la diputada Mollà. “Y desde el Consell y el PP han estado jugando a escaparse queriendo desmentir lo que era evidente”. “El día que imputen a Blasco formalmente”, añadió la parlamentaria de Compromís, “exigiré que se devuelva todo el dinero que costó que la Abogacía de la Generalitat fuera utilizada para parar y desmentir las informaciones sobre el caso”. En su opinión, “el PP ha especulado hasta el final con la posibilidad de que la justicia no investigara a fondo”. Mollà destacó como un hecho llamativo que el mismo día que la juez pide imputar a Blasco la consejería esté prorrogando la comisión de investigación interna sobre las subvenciones de cooperación cuando le consta que el informe está acabado y es contundente. “Necesitan aplicar un filtro político a las conclusiones”, señaló.

La iniciativa de la juez Nieves Molina de pedir al TSJ la imputación de Blasco despejó las dudas que mantenía la nueva dirección del PSPV-PSOE sobre la conveniencia de personarse en la causa. El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, anunció que se personarán en el caso porque “la sociedad valenciana debe saber hasta el final de sus consecuencias todo lo que ha pasado en esta trama terrible, porque se trataba de robar a aquellos que menos tienen”. Según Puig, “la falta de valentía política [de Fabra, al no retirarlo como portavoz] ha hecho que sea el juez el que aparte a Blasco de la escena política”.

La lucha contra la corrupción marcó la etapa de Jorge Alarte al frente de la secretaría general del PSPV-PSOE, pero su relevo en el 12º congreso del partido ha llenado de reticencias el mantenimiento de esa línea desde la dirección de la organización. “El juez ha hecho el trabajo que hubiera tenido que hacer el presidente de la Generalitat”, afirmó Puig en un comunicado público.

A diferencia de los socialistas, la opinión oficial de la Coalició Compromís, que todavía no ha decidido si se persona en la causa judicial, la ofreció la misma diputada Mireia Mollà, que destacó que “el presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, no puede continuar jugando a esconderse detrás de la no imputación formal del portavoz del Grupo Popular en las Cortes para retrasar su cese”. Mollà describió en un comunicado la situación de Blasco como “una imputación prácticamente consumada”.

“Pedimos que la dimisión de Blasco se produzca en menos de 24 horas”, dijo, por su parte, la diputada de Esquerra Unida del País Valencià Marina Albiol, quien indicó que la decisión de la juez que lleva meses investigando el fraude en las subvenciones destinadas a la cooperación al desarrollo “ha de tener una consecuencia inmediata, que debería haberse producido hace ya meses”. Según Albiol, lo que debe hacer el actual portavoz parlamentario del PP es “abandonar la política y someterse a la investigación judicial y a la depuración de responsabilidades”. En su opinión, la petición de imputación de Blasco “es una buena noticia, porque por fin se pone en el lugar que corresponde al exconsejero, que es responsable, sin ninguna duda, de todo lo que ocurrió en la consejería que dirigía, y donde se cocinó una trama de ladrones y saqueadores”.

El salto que ha dado la instrucción del caso de la cooperación, al salpicar al que fue consejero del área, planeará sobre el pleno de hoy en las Cortes Valencianas. Una sesión en la que está previsto, tras la comparecencia del presidente Fabra para explicar el plan de reequilibrio, discutir una iniciativa del PP para “el buen gobierno de la Administración valenciana y de las entidades que dependen de ella”. El orden del día incluye una pregunta oral de la diputada Clara Tirado sobre el escándalo de las ayudas a la cooperación.