La corrupción barre a Blasco

La sombra de la corrupción, que ha perseguido a Rafael Blasco desde los tiempos del Gobierno socialista en la Generalitat Valenciana (era consejero de Obras Públicas cuando se vio envuelto en los años noventa en un escándalo que acabó archivado porque se anularon las escuchas policiales), ha acabado por barrerlo de su puesto de portavoz del PP en las Cortes Valencianas. Blasco está a un paso de la imputación por el fraude en las ayudas de cooperación que se produjo entre 2008 y 2010, cuando él era consejero de Solidaridad y Ciudadanía, y dejará su cargo al frente del grupo parlamentario en cuanto la imputación sea un hecho.

La juez que investiga el caso, en el que ya hay 27 imputados, uno de ellos en la cárcel, ha elevado una providencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que pide que se pregunte en el Parlamento autonómico por la condición de diputado de Blasco, “ante los indicios existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva” a quien era consejero cuando se produjo el fraude.

Poco después de conocerse la noticia, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, marcó el camino de salida a su portavoz parlamentario, al que hasta ayer estuvo defendiendo. “Vamos a esperar. Pero aquellas personas que tengan cuestiones con la justicia no pueden desempeñar ciertos cargos. Y eso lo sabe Blasco”, recalcó el presidente del Consell. A la pregunta de si el portavoz debía dejar el cargo, añadió: “Es consciente de que tendrá que tomar esa decisión”.

Las declaraciones de Fabra se produjeron poco antes de que ambos se entrevistaran en Presidencia de la Generalitat a las 14.00. En esa entrevista, de solo media hora de duración, Blasco aceptó apartarse de la portavocía parlamentaria, aunque solo renunciará formalmente a ella tras la imputación. Un paso que podría demorarse varios días pero que nadie pone en duda. El portavoz adjunto de las Cortes, Rafael Maluenda, asume provisionalmente las funciones de portavoz del PP en las Cortes, donde hoy se celebra uno de los plenos importantes de esta legislatura. Fabra tiene previsto comparecer ante la Cámara para explicar el plan de reequilibrio financiero de la Generalitat. El propio Fabra anunció, tras la entrevista con Blasco, que el portavoz dejará oficialmente el cargo cuando sea “efectiva” su imputación, es decir, cuando el TSJ se declare competente y asuma la instrucción del caso.

Como sustitutos de Blasco al frente del Grupo Popular en las Cortes se barajan los nombres de Alicia de Miguel, Antonio Clemente o Jorge Bellver. La decisión, en cualquier caso, puede demorarse varias semanas y, en principio, no supondrá una reestructuración del Gobierno valenciano.

La decisión de la juez Nieves Molina deja a Blasco en la cuerda floja, ya que abre el procedimiento para su imputación formal como aforado. El caso en el que se ha visto implicado se inició en octubre de 2010, cuando la diputada socialista Clara Tirado denunció al fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, que se habían concedido sendas ayudas por 1,6 millones de euros a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales que en realidad se habían destinado, en su mayor parte, a comprar dos entresuelos con plazas de garaje en Valencia. La documentación, bastante extensa, apuntaba también a la existencia de una trama de desvío de dinero de subvenciones que funcionaba con la complicidad de la consejería que dirigía Blasco.

Ese aspecto fue ampliado con una abundante aportación de documentos por otra denuncia de la diputada de Compromís Mireia Mollà ante el mismo fiscal Anticorrupción. Según esa información, la Fundación Hemisferio (entonces denominada Entre Pueblos, nombre que tuvo que cambiar porque usurpaba el de una reputada y veterana organización no gubernamental) sirvió para drenar dinero de la ayuda al Tercer Mundo a través de varias ONG a las que la fundación redactaba los proyectos para que empresas de la trama facturaran grandes cantidades con cargo a ellos. Pese a que Blasco negó desde el principio las irregularidades, la fiscalía y la juez mantuvieron durante meses una investigación secreta que dio lugar el pasado febrero a varias detenciones, en un operativo que tuvo una segunda fase el pasado jueves con otras cinco detenciones. De la actuación judicial se ha derivado la imputación hasta ahora de 27 personas. El dinero manejado por la trama supera los 6 millones de euros.

El martes por la mañana, antes de que se hiciera pública la providencia de la juez, Rafael Blasco presentó un escrito en las Cortes Valencianas que sorprendió en la Cámara. En el escrito renuncia “a la percepción de las cantidades en concepto de indemnización por ejercicio de la función” que como diputado le corresponden. Se trata de un complemento que en su caso asciende a 294 euros mensuales, según confirmaron fuentes parlamentarias, que descartaron, en principio, que el gesto tuviera algo que ver con la posibilidad de que lo imputen. El portavoz parlamentario del PP gana unos 28.000 euros de base, otros 24.600 en su condición de síndic del PP y 4.387 por la dedicación exclusiva.

Blasco se ha atrincherado en su cargo de portavoz y en la apelación a la presunción de inocencia hasta ahora, pero el presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano, Alberto Fabra, ya dejó claro que solo lo mantendría al frente del Grupo Popular si no era imputado. La nueva situación judicial lo sitúa a un paso de la dimisión.

El caso de la cooperación protagonizó la sesión de control a Fabra la semana pasada, cuando el portavoz de Compromís, Enric Morera, exigió explicaciones sobre el resultado de una comisión interna de investigación abierta por la Generalitat en el momento en que estalló el escándalo y fueron detenidos, entre otros, el ex director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y el jefe de área Marc Llinares, posteriormente relevados de sus cargos junto al subsecretario de la consejería en la época del fraude, Alexandre Català, también imputado. Ayer mismo se supo que la Consejería de Justicia y Bienestar Social, que dirige Jorge Cabré, ha ampliado en 15 días el plazo para que la comisión interna termine sus trabajos.

La investigación judicial ha revelado que detrás de la trama de saqueo de subvenciones estaba Augusto César Tauroni, el único imputado que permanece en prisión, una persona de Alzira, localidad de origen del todavía portavoz del PP, que se vincula a las adjudicaciones que Blasco ha realizado a su paso por diversos departamentos de la Generalitat.

Blasco ya fue protagonista de un escándalo en el Gobierno de Joan Lerma. Las acusaciones fueron desestimadas por la irregularidad en unas escuchas policiales, pero fue apartado de la Generalitat. Precisamente, las grabaciones que la policía ha realizado en la investigación del caso de cooperación, han revelado la naturalidad de las relaciones de Blasco con algunos de los principales imputados, como el propio Tauroni.

Fabra se pronunció sobre la situación del portavoz del PP en las Cortes tras el acto de presentación de unos cupones de la ONCE dedicados a la Comunidad Valenciana. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, evitaron hacer declaraciones sobre la situación de Blasco, pero ambos empezaron ya a desmarcarse.