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Las relaciones con el jefe de la trama atrapan a Blasco en el fraude de las ONG

El hasta ahora síndic del PP negó su relación con Tauroni pero las escuchas le vinculan en la causa

Rafael Blasco, en su escaño, en un reciente pleno de las Cortes Valencianas.
Rafael Blasco, en su escaño, en un reciente pleno de las Cortes Valencianas.

La investigación del saqueo de los fondos de cooperación otorgados por la Generalitat cercenaron ayer la carrera política del Conejo. O del Conill, cuando se referían a él en valenciano. Así llamaban a Rafael Blasco los cabecillas de la trama creada para desviar las ayudas al tercer mundo a cuentas privadas en España y Estados Unidos. Y aunque el exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, y de momento todavía síndic del PP en las Cortes Valencianas, negó siempre cualquier relación con Augusto César Tauroni, el cerebro de la red de empresas y organizaciones no gubernamentales creada en torno a la consejería, y que permanece en prisión desde el pasado 23 de febrero, el sumario tira por tierra esta argumentación.

Cerco al saqueo de las ONG

Octubre 2010. Tras múltiples noticias en los medios, la diputada socialista Clara Tirado lleva a la fiscalía las adjudicaciones a la Fundación Cyes: de 1,66 millones de euros, a Nicaragua solo llegaron 43.000 euros. La mayor parte se gastó en inmuebles en Valencia.

Octubre 2010. Mireia Mollà, diputada de Compromís, presenta una nueva denuncia en la que describe una trama orquestada entre empresas y ONG para saquear las ayudas de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía.

Abril 2011. La Fiscalía de Valencia presenta una denuncia. La juez Nieves Molina, del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, y los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres empiezan una investigación en secreto, que contempla escuchas telefónicas.

23 febrero 2012. Tras casi un año de investigación, Molina ordena la detención de 17 personas y el registro de oficinas de la consejería, de sedes de ONG y domicilios particulares. La policía detiene a 14 personas. La causa sigue bajo secreto de sumario.

26 de febrero. Finaliza la toma de declaraciones a los detenidos. La juez decreta la prisión comunicada y sin fianza para el cabecilla, Augusto César Tauroni. Los otros 13 arrestados quedan imputados con medidas cautelares.

17 de mayo. La juez levanta el secreto del sumario: hay 22 imputados y entre ellos seis en la Administración.

7 de junio. La juez ordena cinco nuevas detenciones. Persigue a los empresarios que falsificaron facturas. Ya hay 27 imputados.

12 de junio. La juez consulta al fiscal sobre la imputación de Rafael Blasco.

Tras las denuncias de dos diputadas autonómicas, Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Mollà, de Compromís, la juez Nieves Molina y los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres empezaron a finales de abril de 2011 la investigación judicial de la trama. Se estrechó el cerco especialmente en torno a la Fundación Hemisferio, que gestionaba los proyectos de varias organizaciones no gubernamentales (ONG). Y ya a principios de mayo, nada más arrancar las intervenciones telefónicas de los principales sospechosos, apareció el nombre del Conejo. El nombre y hasta su propia voz, puesto que la trama tenía línea directa con Blasco.

El sumario desvela numerosas llamadas telefónicas, mensajes de texto y hasta citas para comer o tomar una copa entre Tauroni y Blasco. Intercambios de sobres a través de la secretaria de Blasco, conversaciones sobre recomendaciones de conocidos para un puesto de trabajo y, sobre todo, el interés mutuo por negocios que parecen comunes. Las conversaciones se prolongan incluso después de que Blasco dejara de ser consejero y pasara a ser, ya como síndic del PP, un político sin capacidad directa de gestionar un presupuesto. Blasco tranquiliza a Tauroni sobre la nueva situación. Hace gestiones sobre el estado de los proyectos de su amigo. También le insta a seguir optando a concursos de otras Administraciones. Incluso Blasco le advirtió de algo “inminente” la víspera de las detenciones. Su secretaria vinculó ante la juez el aviso con los arrestos.

Según Molina, Tauroni dirigía un sistema de empresas que gestionó proyectos de ONG por 6 millones de euros. Apenas llegó dinero a los países en vías desarrollo. Y más de millón y medio de euros acabaron directamente en cuentas y en empresas de Estados Unidos y España.

Según este sistema, la trama de Tauroni se benefició con la colaboración de altos cargos de Solidaridad (de momento hay seis personas de la Administración imputadas) de las ayudas. Pero es más, fue el propio Blasco el que impulsó un cambio en la consejería que hizo que ONG que hasta ese momento ejecutaban pequeños proyectos o incluso apenas tenían experiencia, pasaran a recibir subvenciones de cientos de miles de euros.

Un síndic se gana la vida a diario hablando ante un Parlamento. Las palabras de Blasco en unas escuchas han supuesto el epitafio de su carrera política.

A dos pasos de la imputación

F. S.

La juez Nieves Molina preguntó ayer a los fiscales del caso si procede imputar a Rafael Blasco en la causa que investiga el fraude de las subvenciones de la cooperación. Se trata de una consulta preceptiva pues atañe a una cuestión de competencia. Blasco es diputado, y por tanto aforado. El Ministerio Fiscal tiene diez días para emitir un informe en el que se trace la vinculación del síndic del PP en la trama que saqueó el dinero de las ONG. Y con ese informe, es la juez la que hará una exposición al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de los hechos que se pueden imputar a Blasco. Tras recibir el auto de Molina será el TSJ quien decida si finalmente se imputa al exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía en la causa. De ser así, nombrará un juez instructor para que tome declaración a Blasco y prosiga con la investigación.

En ese momento, Molina dejará de investigar la causa, pero traspasará un sumario bastante completo al que solo faltarán unos pocos flecos por acabar. Siempre, claro, que no se encuentren nuevas líneas de investigación de la trama mafiosa, nuevos filones que amplíen el número de personas implicadas o incluso de Administraciones.

Pero de momento el sumario está en manos de Molina y corresponde a los fiscales apuntar a Blasco como supuesto autor de delitos perseguibles. Y tal y como se ha instruido el caso, aparte de sustanciosas escuchas, hay varios puntos clave que dan pie a la imputación. En primer lugar, el modo en que gestionó el consejero las ayudas a la Fundación Cyes. Pese a que cuatro de los cinco miembros de la comisión evaluadora se opusieron a otorgarle la subvención por carecer de experiencia previa en Nicaragua, Blasco se empeñó en aprobar los dos proyectos por 1,66 millones de euros.

Según declararon los funcionarios ante la juez, les presionó, les amenazó con fiscalizar su trabajo en la consejería y hasta dio su palabra en favor de Cyes. El proyecto se aprobó y los funcionarios cesaron, pero un perito de Hacienda concluyó que se certificó el proyecto “vulnerando de modo generalizado toda la normativa estatal de subvenciones”. La mayor parte del dinero se gastó en inmuebles en Valencia y se admitieron facturas que nunca pagó Cyes, según la peritación.

Otro punto clave es la gestación del proyecto de hospital de Haití tras el terremoto que asoló aquel país. Antes de que se adjudicase, personal de Hemisferio y de la consejería preparaban el proyecto en varias reuniones. Y Blasco lo sabía.

 

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