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El juez exige al hospital de Sant Pau las cuentas de los últimos cinco años

El centro sanitario deberá entregar los supuestos contratos con exdirectivos y aclarar por qué trabajos cobraron

El juez que investiga las presuntas irregularidades en el hospital de Sant Pau de Barcelona ha ordenado a los responsables del centro que le entreguen los balances contables de los últimos cinco años. El titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, Enrique Vilá Mayo, analizará las cuentas de dos de las tres fundaciones privadas que integran el hospital: la de “gestión”, que lleva el día a día de la asistencia médica, y la “patrimonial”, que rentabiliza el millar de edificios propiedad del Sant Pau.

La investigación judicial se centra en los pagos, presuntamente irregulares, a exdirectivos y expatronos del Sant Pau. El exgerente adjunto, Ricard Gutiérrez, cobró durante siete años pese a que había dejado el cargo en 2004. Los expatronos Joan Ros Petit y José Ignacio Cuervo, por su parte, también obtuvieron retribuciones pese a que la ley catalana de fundaciones les prohíbe hacerlo. Uno de los tres imputados que han declarado ante el juez, el exgerente Jordi Varela, defendió la legalidad de los honorarios: Gutiérrez desarrolló una cátedra sobre gestión sanitaria y Cuervo impulsó un trabajo sobre sanidad, dijo.

El juez, sin embargo, quiere averiguar si esos pagos están justificados o, por el contrario, pueden constituir un delito de malversación de fondos públicos. Por ese motivo ha solicitado al departamento de personal del Sant Pau los contratos de trabajo, “si existiesen”, del hospital con Gutiérrez y Cuervo, “así como certificación relativa a los ingresos percibidos por los mismos, cuantía y conceptos que sirvan de base a tales percepciones”. Esa documentación debe incluir, sigue el auto judicial al que ha tenido acceso este diario, “la existencia de pensiones especiales o acuerdos sobre las percepciones”. El hospital también deberá aclarar, en su caso, “en qué departamentos prestaron sus servicios” Gutiérrez y Cuervo.

Las pesquisas avanzan y, además de las cuentas, el juez ha exigido los estatutos de las dos fundaciones, constituidas en 1991. Los denunciantes consideran que ese es el pecado original del Sant Pau, ya que los recursos del patrimonio inmobiliario no revierten como debieran en la asistencia sanitaria. El juez también ha solicitado el contrato programa de la “gestora” con el Servicio Catalán de la Salud y el expediente de contratación de Philips, que cobró 5,1 millones del centro por la compra de mobiliario, electrodomésticos e instrumental médico.

Además de Varela, han declarado como imputados el exresponsable de la “gestora”, Albert Folia, y Josep Luis Alay, que ocupa de forma rotatoria ese mismo cargo en la fundación “patrimonial”. El juez ha archivado la causa contra Alay, ya que “no existe ningún dato” que le “vincule” con los hechos.