La Junta asume el veto de Interior a la atención letrada a presos

La Consejería de Justicia da por hecho que el Ministerio del Interior no va a renovar el convenio de atención jurídica a los presos de cárceles andaluzas. El servicio de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad (Soajp) no se presta desde abril por decisión de la Junta, que es la que lo financia. Pero el departamento que dirige Emilio Llera sostiene que la culpa es de Instituciones Penitenciarias, que no ha devuelto firmada la adenda con la que cada año se renueva el convenio suscrito entre el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, la Junta e Interior (que tiene que autorizar la entrada de los letrados en las prisiones).

A estas alturas de año, la Consejería teme que la renovación del convenio no se formalice y el servicio no se pueda retomar. “Sentimos una gran frustración”, asegura el secretario general de la Justicia, Pedro Izquierdo. “Hemos puesto todos los medios para que salga adelante. Es un tema pionero que además está bien valorado por Instituciones Penitenciarias. Pero tenemos la convicción fundada de que no se va a firmar”, asume.

En 2011, se prestaron 10.404 asistencias a presos y la Junta gastó 422.800 euros en este servicio. Para este año, el Gobierno andaluz ha presupuestado 397.600 euros. La firma de la adenda ha encallado en el Ministerio de Hacienda, que desde diciembre de 2010 revisa todos los convenios de cualquier Administración que supongan un gasto para garantizar que no ponga en peligro el objetivo de cumplimiento de déficit. Un portavoz de Instituciones Penitenciarias explicó ayer que el visto bueno a la renovación del convenio está todavía pendiente de este trámite, pero, que por el momento, Hacienda no ha informado ni a favor ni en contra.

Este portavoz, con todo, asegura que la adenda que está pendiente es la que avala los servicios que se prestaron el año pasado no los del ejercicio actual. Según Instituciones Penitenciarias, la Junta no remitió hasta noviembre de 2011 la adenda de ese año. “Podía haberlo hecho en enero o febrero, pero no se presentó hasta finales de año”, sostienen desde el Gobierno central. La Junta, sin embargo, asegura que el documento que se mandó en noviembre es el que debía avalar la atención jurídica de 2012 y que, ante la falta de respaldo legal, se ha tomado la decisión de suspender el servicio.

La orientación jurídica funcionaba en las cárceles andaluzas desde hace más de una década. Su objetivo era asesorar a los presos sobre distintos asuntos, como permisos o visitas. Esta asistencia funciona al margen del cuerpo de juristas que existe en todas las cárceles y que, según Interior, también pueden resolver estos asuntos. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) entrega hoy al defensor del Pueblo, José Chamizo, las firmas que ha recogido entre los presos pidiendo la reanudación del servicio.