El fiscal de Malaya pide 497 años de cárcel y multas que suman 3.800 millones

El fiscal anticorrupción de Málaga Juan Carlos López Caballero no es un hombre dado a golpes de efecto. El representante del ministerio público elevó ayer a definitivo su escrito de acusación provisional en el caso Malaya, la macrocausa sobre la corrupción municipal en Marbella. Y lo hizo sin introducir modificaciones de calado tras 180 jornadas de vista oral que se iniciaron en septiembre de 2010.

La modificación más significativa fue la retirada de la acusación a nueve de los 95 procesados iniciales, todos ellos personajes secundarios. El fiscal reclama para los 86 restantes penas que suman 497 años de cárcel y 3.800 millones de euros de multa. Los 435 folios del escrito final acusatorio sobre la trama de blanqueo supuestamente encabezada por Juan Antonio Roca mantienen casi en su integridad los postulados de partida. El fiscal reclama 30 años de prisión, 81 de inhabilitación y 810 millones de euros de multa para el cerebro de la trama por diversos delitos de blanqueo, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. Ni un año más ni un euro menos que antes.

Respecto a Roca, en prisión desde marzo de 2006, solo cambian dos puntos de la acusación pública. El exasesor podrá conservar los bienes adquiridos por sus sociedades con anterioridad a 1996. Entre estas propiedades destaca su domicilio particular, un dúplex de lujo en el edificio Poseidón, en una de las mejores zonas de Marbella. El fiscal tuvo que renunciar al comiso de estos bienes debido a que cuando fueron adquiridos todavía no estaba en vigor la actual legislación antiblanqueo. El hecho de no pedir el comiso no implica que, en caso de resultar condenado en esta o en alguna de las otras 31 causas en las que está imputado, no se pueda obligar a Roca a responder de posibles multas o responsabilidades civiles con esos bienes.

Otro cambio en el escrito de López Caballero consiste en ofrecer el delito de apropiación indebida como alternativa a los delitos de malversación de caudales públicos. Este cambio supondría una pena máxima para Roca de 28 años de prisión. El fiscal recuerda en su escrito que Roca gastó más de 200 millones de euros entre 1997 y 2005 en inmuebles, vehículos, yates, mobiliario, viajes y obras de arte, una cantidad "que no puede justificarse sobre la base de las rentas lícitas conocidas" del exasesor y de su familia. Este patrimonio inmenso se ocultaba tras un entramado en el que el fiscal ha identificado al menos 70 sociedades.

El fiscal levanta la acusación a nueve de los 95 procesados iniciales

Quien quizá salió más beneficiada de la sesión de ayer fue la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe. La exregidora gilista y auténtica marioneta en manos de Roca vio su petición de pena rebajada de 20 a 16 años de cárcel, después de que el fiscal apreciara un tipo de malversación más leve en el uso indebido que se hizo del Rolls Royce del fallecido alcalde Jesús Gil. Este vehículo, que fue recuperado, acabó siendo subastado.

Otro acusado beneficiado ayer fue el abogado Juan Germán Hoffmann, supuesto testaferro internacional de Roca, a quien se le retiró un delito de blanqueo, lo que supone una rebaja en la petición de siete a cuatro años de cárcel. Para el resto de los acusados —concejales, empresarios o testaferros de Roca como los abogados Sánchez Zubizarreta, Óscar Benavente o Montserrat Corulla— las peticiones de pena se mantienen en los términos iniciales.

La 180º jornada comenzó con sorpresa: el fiscal anticorrupción y fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, anunciaba la retirada de la acusación que mantenía sobre nueve procesados, todos ellos personajes muy secundarios de la trama corrupta. Se trata de María Roca Jimeno, hija del supuesto cabecilla de la trama; Javier Pérez Villena, hijo del empresario Ismael Pérez Peña, que ya se conformó con la pena que pedía para él el fiscal; Miguel Jiménez, ex concejal del Grupo Independiente Liberal; Sergio Santana, técnico informático y contable; Karin Marika Mattson, empleada de One Properties, una de las inmobiliarias de Roca; Ursula Quinzano, exsecretaria de Montserrat Corulla, supuesta testaferro de Roca; Hildegard Fernandez, veterinaria de los caballos del exasesor urbanístico; Carlos García Puente, exadministrador de una sociedad de Roca, y José María Mellado Romero, que participó en la operación de compraventa del hotel La Malvasía en la Aldea del Rocío.

Con la salida de estos nueve procesados, el juicio se queda definitivamente con 86 procesados.