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Gipuzkoa crea otra ponencia sobre la paz con los votos en contra del PP

Los populares esgrimen que con la iniciativa del Parlamento es suficiente

Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer la creación de una ponencia sobre la paz con los votos a favor de todos los grupos (Bildu, PNV, PSE y Aralar) a excepción del PP. La iniciativa, cuyo objetivo, según el texto aprobado, es la constitución de una “herramienta eficaz en la construcción y consolidación de la paz, la convivencia y la normalización democrática”, se encontró con el rechazo de los populares, que consideran que la “proliferación” de grupos de trabajo de estas características —el Parlamento vasco tiene su propia ponencia—, puede derivar en un rosario de “conclusiones y tratamientos diferentes”.

La iniciativa trabajará sobre “la construcción de una memoria pública plural de la sociedad vasca, la humanización de los enfrentamientos vividos y el análisis de las consecuencias de la violencia”, siempre bajo la premisa del “respeto a todas las víctimas”, según el texto acordado.

La ponencia de Gipuzkoa, impulsada el pasado mes de septiembre por el PNV, fue alabada por Bildu, PSE y Aralar, que subrayaron que todos los grupos han cedido en sus planteamientos para llegar a un consenso. “No vamos a ser coparticipes en la confrontación de un relato que pretende desvirtuar la historia midiendo por el mismo rasero a víctima y verdugos”, se justificó la juntera del PP, Asunción Guerra, cuya formación todavía no ha concretado si participará en las sesiones de trabajo.

Idoia Ormazabal (Bildu), por su parte, destacó que la iniciativa “va más allá de discursos entre ganadores y perdedores” porque “todos tenemos mucho que decir y enseñar, mucho que escuchar y aprender”, insistió. Mientras que el portavoz del PNV, Markel Olano, destacó el “doble mérito” que tiene el hecho de que Gipuzkoa haya aprobado una ponencia de estas características, y se mostró confiado en que el PP a “medio o largo plazo” se sumará a las sesiones de la misma.

La ponencia, cuya presidenta será la socialista Rafaela Romero, como responsable de la Comisión de Igualdad, Derechos Humanos y Memoria Histórica, en cuyo seno se desarrollarán los trabajos, estará compuesta por dos representantes de cada partido y por el diputado general, Martin Garitano, y otro miembro del Ejecutivo foral. Cada 15 días se desarrollará una sesión de trabajo y, según el texto de su aprobación, los acuerdos que se adopten deberán alcanzarse por unanimidad, lo que se trate en cada encuentro será “confidencial” y todos los partidos se comprometen a no utilizar las deliberaciones “de forma partidista o electoral”.