La Xunta propone “aligerar el trámite ambiental” en los planes urbanísticos

EEs solo un punto de partida. Lo que la Xunta denomina Bases para una nueva Lei do Solo. 28 folios que ayer el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, entregó a los grupos de la oposición, que solo se comprometieron a lo que ya estaba pactado: el Parlamento creará una comisión para elaborar otra ley del suelo. Las comparecencias de los expertos arrancarán en septiembre, pero nadie, ni el Gobierno ni los partidos de la oposición creen que pueda estar lista en esta legislatura.

 El documento presentado ayer exhibe la filosofía que persigue la Xunta para la enésima modificación de la normativa urbanística. Y aboga por simplifar los trámites del planeamiento dada “la excesiva rigidez” de la Lei de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. En sus líneas maestras, el Gobierno gallego defiende que la futura legislación tenga en cuenta las particularidades de distintos territorios municipales. Así, propone que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes puedan aprobar sus planes generales por competecia delegada de la Xunta, igual que otros municipios más pequeños pero “que acrediten contar con una dotación técnica y jurídica adecuada”.

Dentro de esas líneas maestras, el Gobierno gallego “pide repensar la fase preceptiva de información pública” de los planes generales porque “las alegaciones no añaden desde el punto de vista del interés público prácticamente nada a un documento ya elaborado”.

La Xunta habla también en sus bases de “aligerar el trámite ambiental”. Aboga directamente por “cribar el trámite ambiental en las modificaciones puntuales del planeamiento, excluyendo al menos las modificaciones eximidas de informe urbanístico previo a la aprobación inicial, por no incidir en la clasificación de suelo ni una mayor intensidad de uso”.

El documento que ayer presentó Hernández, acompañado en la reunión por la secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, pide “analizar la exención del procedimiento ambiental para los planes generales de los ayuntamientos sin complejidad urbanística que se limiten a reconocer los núcleos rurales ya existentes”. Las bases no se paran a definir qué entiende la Xunta por ayuntamientos sin complejidad urbanística.

Los partidos descartan que pueda haber una nueva ley en esta legislatura

Al tiempo que contempla la posibilidad de delegar la competencia de la aprobación del planeamiento a los municipios de menos de 50.000 habitantes y a otros con menos población que demuestren tener los medios técnicos y jurídicos adecuados, el Gobierno gallego plantea que para el resto de ayuntamientos la Consellería de Infraestruturas pueda decir al municipio no solo qué puede hacer en la ordenación urbanística sino orientarle en el cómo.

El Gobierno gallego insiste en la prohibición que ya establecen las Directrices de Ordenación del Territorio de proyectar desarrollos aislados del suelo urbano pero pide ir un paso más allá. Plantea suavizar las cargas para los promotores inmobiliarios para hacer “más atractivo” el desarrollo de los suelos urbanos no consolidados. Así lo argumentan las bases para la futura ley del suelo: “Las cesiones ra dotaciones no deben forzar los límites de lo razonable”. “Más que disminuir las cesiones [para espacios verdes y otros servicios que los constructores están obligados a hacer al Ayuntamiento] se debe apostar por incrementar la edificabilidad de suelo urbano no consolidado que permita hacer frente a los grandes costes de urbanización, sobre todo por indemnizaciones de construcciones ya existentes, realojamiento de inquilinos, obligación de mantener elementos catalogados...”

Gobierno y oposición pactan crear una comisión para hacer una nueva norma

También en la excepción a las prohibiciones sobre el suelo rústico pretende la Xunta “simplificar el trámite de autorización previa autonómica”. El método que propone el Gobierno gallego es “establecer un control a posteriori”, que los alcaldes “otorguen licencias y en los casos en los que se acuerde, remitan copia del expediente a la Xunta, que comprobará su conformidad o manifestará reparos”. Según anunció ayer Hernández a la prensa, la futura norma quedará blindada, de manera que cualquier modificación tenga que contar con una mayoría cualificada en el Parlamento.