Más de 22.000 vascos renuncian a su VPO en los últimos doce años

A las familias que pierden su hogar por impago de hipotecas, se suman aquellas que ven imposible aceptar una vivienda de protección oficial (VPO) que han logrado tras años esperando a tener suerte. Euskadi se mantiene, desde 2009, en los niveles más altos de renuncias a viviendas de protección oficial de la última década. Según un estudio del Observatorio vasco de la Vivienda, en los últimos doce años, desde 2000, 22.597 familias han dicho no a una VPO, ya sea de compra como de alquiler.

El principal foco de renuncias está en Álava, la provincia que más VPO ha construido en los últimos años y en la que el agotamiento de la demanda ha hecho que el Gobierno vasco abra los sorteos a familias empadronadas en las otras dos provincias pero dispuestas a trasladarse a la capital vasca. En doce años, Álava ha registrado 13.863 renuncias, el 61% del total de la comunidad autónoma. Bizkaia el 22%, con 5.014, y Gipuzkoa el 17%, con 3.720. El 42% de las renuncias son de VPO de alquiler, pero el mayor número se registra desde el año 2000 en las VPO en propiedad, el 58% del total —aunque en Álava este porcentaje se eleva al 73%—. En este último caso de VPO de compra, casi la mitad son hogares sin estrenar.

El rechazo de ocho de cada diez viviendas públicas a estrenar desde principios de siglo se ha concentrado en los últimos cuatro años, lo que ha llevado al Observatorio vasco de la Vivienda a estudiar este fenómeno y detectar sus causas.

Álava aglutina seis de cada diez casos de rechazos de pisos protegidos

La principal razón para decir no a una vivienda protegida es la situación económica, que ha restringido a las familias el acceso al crédito que necesitan para pagar tanto viviendas del parque público como del privado. Otra razón es el desempleo, aunque el estudio refleja que el porcentaje de personas en paro no es superior en las familias que renuncian con respecto a las que aceptan la VPO. Curiosamente, el nivel de ingresos de quienes renuncian a una vivienda del parque público en régimen de propiedad es superior al de los que no renuncian y al de quienes renuncian a una VPO de alquiler.

Sea como fuere, el resultado es que de los 2.500 rechazos de 2008, Euskadi ha pasado a registrar más de 5.000 en los últimos tres años, tocando techo en 2009, aunque algunas adjudicaciones fallidas, como las de segunda mano de Alokabide o los tanteos, siguen creciendo, en un 38% el pasado año.

Desde octubre de 2011 Etxebide registra las causas con más detalle; los resultados de los primeros meses confirman que los principales motivos para rechazar una vivienda son en primer lugar los problemas de financiación, que la localización no guste a los adjudicatarios, que los compradores o arrendatarios se hayan quedado en paro o que ya han conseguido otra vivienda.

“La causa de una elevada proporción de las renuncias está en que algunas personas han sido adjudicatarias de dos viviendas protegidas al mismo tiempo”, señala el estudio del observatorio. En el caso de Álava, en las viviendas gestionadas por Visesa, esto ocurrió en 2011 en el 19% de las renuncias o adjudicaciones fallidas. En Bizigune, en cambio, el 26% de quienes rechazaron en 2010 lo hicieron por no estar de acuerdo con el programa y uno de cada cinco agraciados no respondió a la notificación. En estos casos, el 18% de las notificaciones fueron devueltas.

El 20% de los adjudicatarios de Bizigune no responde a la notificación

La conclusión de todo ello es que el Ejecutivo se encuentra con “enormes dificultades para adjudicar determinadas viviendas protegidas”, algo que eleva el coste de estas tanto para la administración como para los promotores públicos y privados. Por todo ello, Vivienda ultima una orden que modificará los procedimientos de Etxebide, con cambios como la supresión de los sorteos en el caso de las viviendas protegidas de alquiler. Las de propiedad seguirán con sorteos, aunque con una nueva baremación.

El estudio señala que las listas de admitidos a sorteo resultan “desfasadas porque en muchos casos no existe un interés real de participar” en ellos. Renovarlas cada cuatro años es un plazo excesivo que el Departamento de Vivienda modificará ahora, preguntando cada vez que salga a sorteo una promoción a las personas apuntadas para saber si están interesadas en participar, ya que hoy en día se entra automáticamente y solo se renueva la solicitud cada cuatro años.