Imputado el director de una oficina bancaria por las preferentes

Nunca antes la había llamado a casa, pero ese día el director de la oficina contactó por teléfono con Luisa Vicente Santiago para hacerle una propuesta. “Me dijo que tenía algo interesante para mí y que si no pasaba esa misma mañana perdería la oportunidad”, explica la mujer, jubilada de 64 años. El 22 de enero de 2009, Luisa contrató 30.000 euros en acciones subordinadas. Es un producto financiero de riesgo, pero ella dice que no lo sabía y que el director le prometió que “el capital estaba asegurado al cien por cien” y, sobre todo, que “podía retirarlo en 48 horas”.

Vicente tiene su cuenta en una oficina de Caixabank de Barcelona “desde hace 30 años”. Por eso confió en su director y firmó otros dos contratos: 30.000 euros más en subordinadas y, en septiembre de ese año, 9.000 euros en participaciones preferentes. “Le estaba agradecida por haberme seleccionado”. Las cosas se torcieron en 2011. La mujer supo del escándalo de los productos de riesgo y, al no poder recuperar sus 69.000 euros, reclamó una copia del contrato.

La mujer comprobó —asegura— que una de sus firmas había sido falsificada y denunció el caso. Además de esa presunta falsificación documental, un juzgado de Barcelona indaga un posible delito de estafa. El director de la sucursal, ya jubilado, declaró ayer como imputado.

La juez pretende aclarar si la entidad bancaria ofreció a su clienta la información necesaria sobre los dos productos —las acciones subordinadas y las preferentes— y si estos eran aptos para su perfil. Este es uno de los primeros casos que se están investigando por la vía penal.

El director de la oficina declaró ayer que Vicente se ajusta a ese perfil de “inversionista” porque había contratado otros productos similares y derivó responsabilidades en otro responsable de la oficina. “Ella firmó un documento en el que manifiesta que no quiere perder capital ni intereses, que no tiene conocimientos sobre productos financieros; es un perfil de ahorrador”, replicó ayer el abogado de la afectada, Albert Vallribera. La mujer quiso sacar el dinero para pagar la entrada de un piso para su hija y para someterse a una reconstrucción mamaria, ya que la lista de espera del hospital del Sant Pau era excesiva. “Me dieron una cartilla como las de plazo fijo. Me confundieron y actuaron de mala fe”, defiende Vicente.

Preguntada sobre el caso, una portavoz de Caixabank respondió: “Existe el deber de sigilo que se debe respetar con relación a la causa, tal como ha solicitado el juez. Por tanto, no podemos facilitar ninguna respuesta o explicación”.