Cáritas alerta de la existencia de “nuevos pobres” y censura los recortes sociales
Preocupación ante el “cuello de botella” creado en Lanbide con las ayudas La mitad de las personas atendidas en Euskadi se concentra en Gipuzkoa
Los índices de pobreza de Euskadi más actuales se remontan a los años previos a los años duros de la crisis, pero, desde entonces, las cosas han cambiado, y mucho. A falta de estudios, las pinceladas de realidad que ofrecen organizaciones sociales como Cáritas son el mejor instrumento para conocer la magnitud de la crisis entre quienes peor lo están pasando. Y el panorama resulta, cuanto menos, alarmante.
Las tres organizaciones territoriales de Cáritas presentaron ayer simultáneamente en las tres capitales vascas los datos de 2011 dejando patente que la realidad desborda las previsiones. Con alrededor de 41.000 personas atendidas en 2011, 13.464 de ellas en Bizkaia —un 5,4 % más que en 2010 y casi 4.000 personas más que en 2007—, la mitad de todos ellos, 24.162, en Gipuzkoa y 3.604 en Álava, y nada menos que 5,2 millones de euros invertidos en ayudas económicas directas para las necesidades acuciantes. “La pobreza es cada vez más extensa, más intensa y más crónica”, sintetizaron.
El perfil de quien demanda ayuda sigue siendo el de una mujer joven e inmigrante, pero Cáritas ha empezado a ver en Euskadi una realidad de la que alertaba Unicef hace tan solo unas semanas y sobre la que el propio Ararteko ha puesto el foco: “la pobreza empieza a tener cara de niño”. Los más pequeños, y las personas más mayores, que “con pensiones a menudo de miseria están teniendo que sostener familias enteras” que han perdido todos sus ingresos, añadía Ramón Ibeas.
"La pobreza empieza a tener cara de niño"
A los problemas económicos se suman otros que Ana Sofi Telletxea, responsable de investigación de Cáritas Bizkaia, definió como la “segunda fase” de las consecuencias de la crisis aquellos problemas que surgen en el área de la salud mental y que están haciendo mella en personas como los parados de larga duración. Todos coincidieron en la existencia de “nuevos pobres”, colectivos que jamás pensaron que estarían en situación de recurrir a organizaciones como Cáritas. “Hay gente que está cayendo en la pobreza por primera vez, no saben qué hacer”, señaló Ibeas.
En este contexto, Cáritas pidió “políticas sociales más inclusivas” y rechazó “los recortes sociales y la precarización del estado de bienestar”. Y es que, en plena crisis, Euskadi ha sufrido recortes en su potente sistema de protección social —que sigue estando en los primeros puestos a nivel estatal— ante la restricción del acceso a la principal ayuda social, la Renta de Garantía de Ingresos. Ayer Cáritas apuntó a que 3.600 familias se quedarán sin recibir la ayuda ante los cambios de la exigencia de empadronamiento, que dificultan el acceso a los inmigrantes. En este sentido, el director de Cáritas Bizkaia, Mikel Ruiz, se mostró preocupado por los “eslóganes como primero nosotros”, que parecen proliferar en la sociedad con la crisis.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, abundó en este sentido señalando que no se puede salir de la crisis dejando que “los más pobres y los más necesitados paguen los errores” con medidas como la retirada de la tarjeta sanitaria a los extranjeros sin permiso de residencia —en Euskadi no se aplicará—. Munilla censuró la actuación “irresponsable” de algunas personas, que han gastado dinero público y privado dejando “una deuda insostenible”.
"El sistema de Lanbide es excesivamente lento para tramitar ayudas sociales"
Santos Gil, director de Cáritas en Vitoria, explicó además que se está dando un “cuello de botella” en la gestión de las ayudas desde Lanbide, que asumió por completo la competencia en diciembre de 2011. La situación “preocupa mucho” a Cáritas, que está dando “algunos anticipos para esperar a ver si se resuelven los expedientes”. Y es que, desde que el Servicio vasco de Empleo asumió la gestión de la RGI y el complemento de vivienda, al menos 1.800 personas aún esperan una respuesta.
“En noviembre les dijimos que lo estaban haciendo mal [al modificar la ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social]” y ahora, añadió Gil, “les tenemos que decir que el sistema es excesivamente lento”.
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