El juzgado encarga las primeras periciales para investigar la filtración

La polémica por la filtración del expediente fiscal del vicesecretario general del PSE vizcaíno, Melchor Gil, no ha concluido. Finalizada sin un resultado categórico la investigación interna llevada a cabo por la Diputación, de cuyos ordenadores salió el informe, las pesquisas quedan ahora en manos del juzgado al que recurrió el dirigente socialista para esclarecer el caso y depurar responsabilidades. El tribunal acaba de encargar las primeras pruebas periciales para determinar el posible origen de una información que, pese a su carácter confidencial, se remitió a varios periódicos para su publicación —entre los que no figuraba EL PAÍS—, lo que podría suponer un delito de revelación de secretos.

El encargo de las pruebas periciales supone el arranque de una investigación que se espera prolongada en el tiempo, pero que fuentes socialistas confían en que sirva para esclarecer una filtración que consideran “interesada” y enmarcan en una persecución política por parte del PNV. Más allá de su cargo orgánico, Gil es cuñado y hombre de confianza del lehendakari, Patxi López. El informe remitido a los medios revelaba varias irregularidades en los ingresos del dirigente socialista que la Diputación pedía a la Fiscalía que investigara. Esta, sin embargo, ha decretado el archivo del caso hasta en dos ocasiones, pese a la insistencia foral, al no percibir delito.

Conocidos los datos fiscales de Gil y provocada la polémica, la Diputación decidió iniciar una investigación interna para despejar sospechas y descartar que la filtración hubiera tenido su origen en Hacienda, como suponen los socialistas. Las pesquisas se iniciaron a mediados de marzo y se esperaban breves, pero no fue hasta el jueves cuando el diputado del ramo, José María Iruarrizaga, dio a conocer las conclusiones. Según desveló, hasta 142 funcionarios, por su condición, tuvieron la posibilidad de acceder con libertad a un expediente que, además, obraba en poder de la Fiscalía y del propio Gil. Un extremo, este último, que fue negado ayer por fuentes cercanas al propio afectado.

El resultado de la investigación foral no ha provocado sorpresas en el PSE, aunque algunos cargos socialistas tampoco descartaban la posibilidad de que la propia Diputación afinara más las pesquisas e indicara el posible origen de la filtración, aunque eludiera citar a sus responsables. Según consideran, el resultado en los tribunales puede ser muy distinto, ya que las operaciones informáticas necesarias para hacer público el informe “dejan rastro”, por lo que es posible saber con exactitud quién accedió a ellas y en qué momento concreto. Según algunas fuentes consultadas, el grupo de posibles responsables sería “muy reducido” si finalmente se confirma que los datos fiscales sobre Gil se filtraron desde Hacienda.

En el círculo próximo al vicesecretario general de los socialistas vizcaínos consideran factible demostrar en el juzgado que la información partió de la Diputación, pese al resultado contrario de unas indagaciones forales a las que no conceden demasiada credibilidad, a pesar de que se han prolongado en el tiempo. “No tiene sentido que la investigación la lleve a cabo alguien que es juez y parte”, sostienen. Por eso, confían en la imparcialidad de los tribunales y en la posibilidad de averiguar incluso desde qué ordenador se filtró el informe, así como qué supuesto cargo político lo ordenó.