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El fantasma del aforado en los ERE

El retraso en imputar al diputado Viera puede generarle indefensión y anular parte del caso

La juez Mercedes Alaya decidirá cuándo envía el caso al Tribunal Supremo

El diputado socialista José Antonio Viera. Ampliar foto
El diputado socialista José Antonio Viera.

“Todo el mundo está viendo al emperador desnudo, pero nadie lo dice”. Es la gráfica metáfora que utilizan fuentes del caso de los ERE para denominar lo que todos comentan sotto voce:el fantasma del diputado socialista José Antonio Viera y su previsible imputación ha sobrevolado toda la instrucción desde su inicio, pero desde el pasado febrero los indicios están cada vez más claros... Y, sin embargo, el exconsejero de Empleo (2000-2004) y exlíder del poderoso PSOE sevillano sigue sin estar imputado. ¿Se está cercenando su derecho a la legítima defensa al ser investigado por la Guardia Civil, acusado por diferentes imputados en declaraciones judiciales, y seguir al margen de la causa?

La respuesta es peliaguda pero tiene una trascendencia enorme, ya que este retraso en imputar a Viera y enviar la causa al Tribunal Supremo al ser este aforado, podría ser causa de nulidad. Y esto generaría un enorme problema que daría al traste con supuestas responsabilidades delictivas por inconvenientes procesales. Las voces expertas están divididas, pero el riesgo de nulidad es latente. La Guardia Civil disparó contra Viera como creador del fondo para empresas en crisis en 2001 y señaló su supuesta responsabilidad en las subvenciones tras declarar su subordinado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero: “Fue Viera el que promovió las ayudas y el que le indicaba e insistía en que tienen que salir adelante”. Con esas palabras los investigadores daban crédito a la versión de Guerrero, expresada primero en sede policial y ratificada luego en sede judicial.

Tras recibir el último informe policial sobre el funcionamiento de la Consejería de Empleo, la juez decidió suspender todas las declaraciones judiciales previstas para realizar “una lectura detallada” del mismo y adoptar “las decisiones oportunas” respecto a las personas mencionadas. Es muy posible que esas decisiones incluyan la exposición razonada de la juez para elevar el caso al Supremo, pero la fecha de esta decisión es aún una incógnita.

Bien es cierto que la Guardia Civil ha avisado de que tiene pendiente de remitir al juzgado un atestado sobre las empresas de la Sierra Norte sevillana en el que “concretará” el papel “esencial” desempeñado por Viera y esto puede condicionar el retraso de Alaya. Además, a menudo, el Supremo devuelve la investigación a los instructores tras pedirles que concreten la imputación del aforado. De este modo, lo previsible es que el alto tribunal devuelva a Sevilla toda la parte de la instrucción que no afecte a Viera. “Es una doctrina asentada”, matizan fuentes del Supremo.

La Guardia Civil ya señaló al aforado en febrero como promotor de ayudas

“En los atestados foliados en la causa, el material de la UCO ofrece indicios de criminalidad suficientes como para darle un papel de presunto culpable. Y esto es asumido por la juez en sus interrogatorios. Y esa es la causa de nulidad. En la causa ya está el material probatorio contra Viera”, insisten fuentes de la causa. Las preguntas de Alaya sobre estas hipótesis refuerzan dicha acusación: “¿Es cierto que el Sr. Viera, por ser natural de la Sierra Norte, por ser de allí su compañera sentimental, por tener en dicho lugar muchas amistades y gozar de la simpatía de los empresarios de la zona, podía tener interés no solo en la concesión de subvenciones a este grupo empresarial sino a toda la comarca de la Sierra Norte?”, inquirió la juez al exconsejero Antonio Fernández antes de enviarle a prisión.

El caso acumula tres presos preventivos (Fernández, Guerrero y su exchófer), por lo que la magistrada está obligada a imprimir celeridad a sus decisiones. “Hay base más que suficiente para hacer la exposición razonada. Que produzca indefensión es más discutible, porque Viera siempre puede presentarse en el juzgado. Los problemas procesales son riesgos que asume la investigación”, subrayan otras fuentes. La indefensión de Viera se puede haber producido en las declaraciones judiciales de Guerrero y Fernández. Y esto podría obligar a repetir esas declaraciones para que el abogado de Viera pregunte a los imputados.

El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid, Víctor Moreno Catena, considera que ya hay indicios para la imputación de Viera. “No es una ocurrencia, hay factores o eventos por los que la juez tiene la obligación de comunicarle al imputado para que ejerza su derecho de defensa. Y curiosamente ya lo ha hecho con otros imputados como Fernández [con un año de antelación]. Hay jueces que tienen la costumbre de investigar a aforados antes de imputarles”. Para Moreno Catena, la magistrada debería enviar toda la causa al Supremo porque todo responde al “mismo designio político”. Fernando Álvarez Ossorio, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, añade: “Hay una posible lesión al derecho al honor porque sufre una pena de banquillo sin banquillo”.

Otras fuentes insisten en que la barrera se traspasó hace semanas: “Hemos dado un salto cualitativo y de bambalinas hemos pasado a primera línea. En el último informe, a Viera se le atribuye la implantación de ese sistema que la juez considera ilegal y fuente de toda la prevaricación y malversación continuada”.