Fabra ignora las conversaciones del ‘caso cooperación’

"Si la justicia dice que hay algún problema, el que la haya hecho, que la pague. Quienes hayan actuado mal, tendrán que devolver el dinero". El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha tenido que cruzar el alambre esta mañana en las Cortes Valencianas para desmarcarse de las irregularidades detectadas en los fondos públicos destinados a la cooperación, pero sin erosionar todavía más la figura de Rafael Blasco, responsable político cuando se cometieron las irregularidades y actual portavoz parlamentario. "Nos hemos personado en la causa como acusación particular", ha esgrimido como defensa. No obstante, el jefe del Consell ha insistido en que "las personas que han pretendido aprovecharse de las ayudas de cooperación van a ser perseguidas por la Generalitat". "Y mientras", ha insistido Fabra, "las empresas inmersas en el proceso judicial -del caso cooperación- dejarán de cobrar subvenciones y las que las han recibido ya tendrán que justificar los gastos y si no los pueden demostrar tendrán que devolver el dinero".

Compromís ha reprochado a Fabra, durante la sesión de control parlamentario, que no se haya levantado para condenar las palabras de los hermanos Tauroni, dos de los principales imputados por las irregularidades, que en las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía, utilizaron términos racistas para referirse a los supuestos destinatarios de las ayudas a cooperación y especularon con la posibilidad de violar a la diputada Mireia Molllà, una de las parlamentarias que con más fuerza ha denunciado el escándalo.

La presión sobre Fabra de los diputados de Compromís para que condene las citadas afirmaciones ha intentado aliviarla el vicepresidente José Ciscar, que ha dicho que el Consell, con él como portavoz, ya dijo lo que pensaba -que le producían verguenza ajena-. La sesión parlamentaria ha tenido un momento de tensión. Mientras Blasco aplaudía las intervenciones de Fabra y Ciscar en las que aseguraban que la Generalitat perseguirá a quienes hayan cometido irregularidades, la diputada de Compromís Mònica Oltra ha exigido que se condenen las palabras de los amigos del actual portavoz parlamentario, que entraban y salían en la consejería de Cooperación como si se tratase de su casa. El presidente de las Cortes, Juan Cotino, ha amonestado dos veces al diputado socialista Josep Moreno por gritar desde su escaño: "Les habeís dado dinero a los racistas".

En los pasillos, Oltra ha instado al Consell y al PP a no confundir la presunción de inocencia con la decencia política.

En la sesión de control al presidente en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, portavoz socialista, ha calificado como inmoral que el Consell, que ha gastado millones en obras faraónicas, mantenga 26.000 dependientes en listas de espera.

Fabra ha cargado contra el Gobierno socialista por no aportar las cantidades pactadas para poder cumplir con las prestaciones que prevé la norma.

Torres ha vuelto a la carga y ha denunciado el incumplimiento sistemático de una ley que el PP apoyó en el Congreso de los Diputados. Según el portavoz socialista, solo la mitad de los posibles beneficiarios de la ley en la Comunidad Valenciana han sido atendidos: "Uno de cada dos valencianos que tienen derecho a una prestación, no la están percibiendo". Más aún, según Torres, el número de beneficiarios se ha reducido desde que Fabra llegó a la presidencia de la Generalitat.

Fabra no se ha salido del guion. "Si el Gobierno no paga, no podemos hacer las cosas previstas en la ley". El presidente de la Generalitat ha acusado a los socialistas de elaborar leyes sin memorias económicas, se han atribuido mejoras en los sistemas de valoración de dependientes y ha apuntado una apuesta por la atención residencial de ciudadanos dependientes sin parangón con otras comunidades autónomas.

Marga Sanz, portavoz de Esquerra Unida, ha puesto el dedo en la llaga de los impagos hacia las asociaciones que prestan servicios sociales. Fabra ha vuelto al argumento que ha usado ante Torres para asegurar que, a partir del pago a proveedores con ayuda del Estado y mediante "los ajustes necesarios" en la Administración autonómica, la Generalitat podrá atender las necesidades de los ciudadanos más vulnerables

"Preside usted un Consell de ciegos que pueden ver pero no quieren mirar", ha replicado Sanz, citando a Saramago, antes de presentar una relación de los ciudadanos que no pueden afrontar gastos imprevistos, desde las mujeres pensionistas hasta los ciudadanos dependientes. La portavoz de Esquerra Unida ha esgrimido todas las alertas que lanzan entidades como Cáritas para denunciar que los recortes solo hacen más precaria la situación de los más necesitados y citar toda una relación de entidades que ofrecen prestaciones sociales y que sufren impagos.

Fabra ha asumido que "la situación económica es la que es" y ha sugerido que la única política social posible es la creación de empleo. Y ha justificado todos los recortes como fórmula para incentivar la economía y generar riqueza.

Rafael Blasco, portavoz del PP, ha solicitado al presidente detalles sobre el plan de pago a proveedores a través de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La Generalitat solicitó al Ministerio de Hacienda 4.069 millones de euros, un 27% del total de los fondos pedidos por todos los Gobiernos autónomos, después de aflorar 1.800 millones de euros de facturas no contabilizadas, guardadas en los cajones sin siquiera registrarlas.

Fabra ha aprovechado el pie que le ha ofrecido el portavoz del PP para atribuirse como méritos los recortes exigidos para acceder a la financiación del ICO. Y se ha comprometido a cumplir "en tiempo y forma" con todos los proveedores "una vez puesto el contador a cero" para que "nadie vea la Administración como un problema".