Bizkaia “no ve indicios” de que los datos de Gil fueran filtrados desde la Hacienda

“No se ha apreciado el más mínimo indicio de la realización de accesos no justificados o de la utilización indebida de información por parte de las personas que han podido disponer de la misma”. Esta es la principal conclusión de la investigación interna abierta por la Diputación de Bizkaia para encontrar al responsable de la filtración a varios periódicos, entre los que no estaba EL PAÍS, del expediente fiscal del vicesecretario general de los socialistas vizcaínos, Melchor Gil. El resultado de las averiguaciones fue presentado ayer por el diputado de Economía y Hacienda, José María Iruarrizaga, en la comisión correspondiente de las Juntas Generales.

Esa “falta de indicios” no significa que la filtración no procediera de la Hacienda vizcaína, ya que como desveló el propio Iruarrizaga, un total de 142 funcionarios habían tenido acceso a los datos tributarios del cuñado del lehendakari, Patxi López. “Es excesivo que tantas personas puedan disponer del expediente. Suena a turismo fiscal”, criticó el portavoz del PSE en las Juntas, Iñaki Egaña. “Da la sensación de que el informe ha podido ir de mesa en mesa”, agregó su homólogo de Bildu, Joseba Gezuraga.

Otra de las conclusiones de la investigación es que la Hacienda cuenta con un sistema de seguridad de los datos “que cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios”, tal y como ha quedado certificado por la Agencia Vasca de Protección de Datos, remarcó Iruarrizaga.

La oposición habla de “turismo fiscal” y de que el informe ha ido de mesa en mesa

Sin embargo, una cosa es cumplir con las exigencias de la citada agencia y otra que eso garantice que la información de los contribuyentes esté lo suficientemente protegida. EL PAÍS ha tenido acceso al informe completo resultado de las pesquisas —Iruarrizaga solo leyó ayer las conclusiones—, de 54 páginas, en el que se detalla el itinerario que siguen los documentos de las personas que son investigadas.

En un momento del escrito se recoge lo siguiente: “Así, en el presente supuesto, una vez escaneado el conjunto de documentación remitida a la Fiscalía Provincial, se guarda una copia impresa en los archivos de la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica, en armarios que permanecen cerrados bajo llave, excepto en el periodo de tiempo en el que el personal se encuentra presente en las oficinas desarrollando las tareas que tienen encomendadas”. ¿Significa eso que funcionarios de la Hacienda pueden abrir dicho armario en horas de trabajo y disponer libremente de la documentación allí guardada?

Iruarrizaga dijo que la Hacienda foral “no es la única fuente de la que ha podido obtenerse la información”. Las otras dos vías son la fiscalía, que disponía del expediente desde marzo de 2011, o el propio Gil y su abogado. “Los profesionales de Hacienda dicen —el informe ha sido elaborado por técnicos de la institución— que no se puede probar que los papeles hayan salido de ellos”, afirmó Iruarrizaga. “Se han cumplido todos los requisitos del riguroso control. El mensaje que hay que lanzar a la ciudadanía es que puede estar tranquila respecto a la seguridad de los datos”, opinó. La sensación que dejó su comparecencia fue otra bien distinta.

Egaña preguntó a Iruarrizaga quiénes habían tenido acceso físico al expediente, quiénes habían podido sacar una copia, cuántas copias se habían hecho, quién ordenó que se hicieran, entre otras cuestiones. El diputado de Hacienda dijo que no había tenido tiempo de anotar las preguntas y que las respondería por escrito. Las 54 páginas del informe no arrojan luz sobre estos detalles. Egaña dijo sentirse “muy defraudado” con las conclusiones de las pesquisas.

Este era también el ánimo de la portavoz popular, Esther Martínez, quien volvió a solicitar la creación de una comisión de investigación en las Juntas Generales. “Este es un caso único. Se ha filtrado un expediente completo. Seguimos teniendo muchas dudas y estamos muy preocupados porque esto puede volver a pasar”, advirtió.