El asalto

El PP culpa en Madrid a Bancaja de lo que le sucede a Bankia y en Valencia hace lo propio con Caja Madrid. Es decir, la futbolización del argumentario: no hay mejor defensa que un buen ataque. Se inviste de acusador en ambos casos y, por consiguiente, se pone de perfil ante la gestión que han realizado en ambas entidades los presidentes que el partido designó, responsabilizando del desbarajuste a las propias cajas, como si hubiesen seguido criterios financieros ajenos a ese condicionante. De toda la coreografía evasiva que ha desplegado el partido desde que crepita en la vertical del tumulto económico, esta es sin duda la más perversa: desangrar a la víctima y acusarla de morirse.

En Bancaja, como en Caja Madrid o la CAM, no ha ocurrido nada que no estuviera inscrito en el rumbo que marcó el PP en las cajas a mediados de los noventa. En junio de 1997, Eduardo Zaplana, aquel ilusionista liberal que hinchó el globo del poder valenciano, fue pionero en la introducción de esas coordenadas. Reformó la ley de cajas para que quedaran bajo el control de la Generalitat que entonces presidía y que tanto se le parecía. El PP copó así el 30% en los órganos de gobierno de las entidades (180 de los 400 delegados de las asambleas), aunque con el tiempo dejó caer unas migajas, bastantes para obtener la complicidad del PSPV-PSOE, pero insuficientes para establecer contrapoderes.

Desde ese momento, las cajas se convirtieron en instrumentos financieros de la Generalitat, pero su saldo quedó no a disposición de las necesidades de la Comunidad Valenciana sino de los intereses del PP: el desarrollo inmobiliario, los negocios del entorno afectivo y algunos disparates como el delirio temático de Zaplana, Terra Mítica, que se ha sustanciado como un fiasco. Bajo esa perspectiva, lo importante pasó a ser secundario y lo absurdo fundamental. Ahí reventó la profesionalidad de las cajas.

La designación de José Luis Olivas como presidente de Bancaja, o las de Vicente Sala y Modesto Crespo en la CAM (con el decisivo mérito profesional de la amistad del jefe del Consell de turno) sólo fue una consecuencia de lo anterior. Como también lo fue que el Instituto Valenciano de Finanzas, pasándose la ley por debajo de la próstata, no ejerciera ninguna vigilancia sobre lo que estaba ocurriendo en las entidades. La autopsia del Banco de España lo subraya en fosforescente: “deficiencias significativas” en el sistema de control.

El mejor ejemplo de en qué se convirtieron las cajas lo acaban de suministrar varios directivos y consejeros de la CAM en la comisión de investigación sobre el derrumbe de la entidad alicantina. Mientras la caja caía a plomo, Modesto Crespo se asignaba 190.000 euros en dietas y el consejo de administración (consejeros y acompañantes) celebraba reuniones a todo meter en Shanghai, Chicago o Nueva Delhi. Por cierto: ¿aceptaría José Enrique Garrigós, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y consejero de la CAM, a alguien como él (que no sabía leer los balances pero lo cobraba) en su empresa?