Contra el propio tejado

Andrés Ortega en su blog Luces Largas publicaba una entrada en la edición digital de EL PAÍS de ayer jueves con el título El descrédito de un país, en la que incluía el resultado de una encuesta realizada en nueve países europeos por el Centro Pew, en la que se solicitaba a los ciudadanos de cada uno de ellos que valoraran a los demás países incluido el suyo. Subrayaba el autor que los ciudadanos españoles nos valoramos no menos, sino mucho menos, de lo que nos valoran los demás. Mientras la valoración positiva de España llega al 75% en Alemania, 68% en Francia, 70% en Inglaterra y 58% en Italia, nosotros nos valoramos con un 45%. Alemania nos valora por encima de Inglaterra: 75% a 72%, Francia nos valora por encima de la propia Francia y de Inglaterra: 68% frente a 64%, e Inglaterra por encima de Alemania: 70% frente a 67%.

Los resultados de la encuesta deberían hacernos reflexionar. Estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Somos nosotros mismos los que estamos contribuyendo a desprestigiar nuestras propias instituciones y a minar, en consecuencia, su credibilidad. No quiero poner muchos ejemplos, porque haría lo contrario de lo que creo que se debe hacer. Pero sí voy a poner uno, que me parece que ilustra bien lo que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que en un país que se respete a sí mismo se haya atacado la credibilidad del Banco de España de la forma en que se ha hecho, llegando incluso a confiar la valoración de la solvencia de los bancos españoles a firmas extranjeras? Los resultados de esa manera de proceder están a la vista, como hemos tenido ocasión de comprobar en estos últimos días.

No cabe duda de que un sistema político vivo y con instinto de conservación tiene que estar abierto a la crítica dentro del propio sistema. Pero una cosa es hacer crítica y otra destruir el prestigio de las instituciones. Pongo otro ejemplo. La sociedad española ha conseguido una respuesta en la Constitución de 1978 para renovar la unidad de España mediante el ejercicio del derecho a la autonomía por las nacionalidades y regiones que la integran, que ha servido como punto de referencia en bastantes otros países que han tenido que enfrentarse con el problema de la distribución territorial del poder. La respuesta constitucional española ha sido muy bien valorada fuera de nuestro país. Y también dentro hasta que se ha desatado la campaña de desprestigio de la misma.

Es una respuesta que ha operado mejor que bien durante los 30 años fundacionales del Estado democrático español y que está atravesando por un momento muy difícil como consecuencia de una crisis de una naturaleza desconocida hasta la fecha y de una intensidad muy superior a la que nadie previó.

La reacción que se está produciendo en sectores muy significativos y poderosos de la sociedad española no puede ser más preocupante. En lugar de ver qué es lo que hay que hacer para adaptarla a los retos con los que tenemos que enfrentarnos, se ha puesto en marcha una campaña de desprestigio, convirtiendo a las comunidades autónomas en una suerte de chivo expiatorio. El Estado cumple y las comunidades autónomas no. Este es el mensaje que se está transmitiendo dentro y fuera de España. Es un mensaje que no descansa en una evidencia empírica sostenida, pero que al ser transmitido desde el propio Gobierno y con el apoyo de medios de comunicación muy potentes, acaba teniendo una gran credibilidad. Buena prueba de ello es que las referencias de la Comisión Europea al descontrol de las comunidades autónomas cada vez son más frecuentes.

Se trata de un camino que no lleva a ninguna parte. Las comunidades autónomas también son Estado y el descrédito de las mismas es el descrédito del Estado español. Ya lo estamos comprobando.