“Ya no espero nada”

  Los portarretratos del recibidor de la casa estaban todos desparramados por el suelo, rotos. Y una maceta salía después disparada por el balcón sin mayores consecuencias que un corte en el pie de quien la golpeó. María, de 51 años, dueña de un piso en el número 45 de la calle de Cervantes de Benetússer estalló en cólera cuando al abrir ayer la puerta de su casa un oficial le entregó una orden judicial que apremiaba a su familia a abandonar el domicilio en un mes. Su hogar ya no era suyo, sino del banco.

“Ya no pido nada porque no espero nada”, decía una hora después sentada en el sofá de su casa, después de recibir un sedante. “Urdangarin anda por ahí tan tranquilo y a mí, porque no he podido pagar varios meses la hipoteca, me tiran a la puta calle”, añade María sin poder evitar subir la voz.

Realmente, el propietario del piso es Lucas Raúl Tame Ferran, de 53 años. Cubano de origen, lleva viviendo en España desde 2001 y en 2006 compró este tercero sin ascensor en una finca donde el Consistorio de Benetússer tiene en la planta baja la Oficina de Recaudación Municipal.

Lucas pidió el préstamo al Banco General Electric porque el resto de banca autóctona no consideraba garantía suficiente las nóminas de eventual que tenía este marinero de profesión, ahora en paro. Comenzó pagando una letra de 650 euros. La mensualidad creció al mismo ritmo que él perdía empleos y hubo meses, como explicaba ayer, que en 30 días se veía obligado a pagar dos letras.

Al final fue imposible. Las deudas lo devoraron. La mayor parte del dinero que entraba en casa se lo comía la hipoteca. Llegó el momento en que dejaron de abonar las mensualidades y se desencadenó el proceso de subasta del piso y desahucio.

“Hoy han venido a avisarnos, no a tirarnos”, añade Lucas, que piensa pedir alojamiento en casa de unos amigos. María, que tiene un hijo en la treintena con una enfermedad mental, se irá a vivir con su madre a Sedaví. También está en paro. La única ayuda que entra en casa son los algo más de 400 euros que recibe él.

La intención de Lucas y Maria es no esperar hasta el final. Resignados, sacarán sus cosas de la que ha sido su casa en los últimos cinco años. “No estoy ni para que me den un palo ni para empujar a nadie”. No saben tampoco si, al final, recurrirán a la plataforma Stop Desahucios.

“Ahora qué, ¿me voy debajo de un puente? Cuando hemos pagado la hipoteca durante cinco años y porque mi marido se queda en el paro, ya nada... Pues, estupendo”, resume María, mientras reniega de los dos partidos mayoritarios. Lucas, más optimista, seguirá buscando empleo: “Si me sale faena, me sentiré orgulloso y empezaré de cero”

Desde que estalló la burbuja inmobiliaria y con ella la crisis, el número de desahucios en España ha crecido vertiginosamente. Los juzgados españoles procesaron en 2011 58.241 expedientes, cifra que supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22% con respecto a 2010. La región más afectada, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguida de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460.