Una ONG detalla cómo Solidaridad dirigía las ayudas hacia Tauroni

La presidenta de la ONG Asamanu, entidad que había realizado trabajos de cooperación en Senegal, explicó en marzo en la declaración realizada ante el juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que investiga un presunto desvío de fondos de ayuda de cooperación concedidos por la extinta Consejeria de Solidaridad, que el exjefe de área de Cooperación al Desarrollo, Marc Llinares, imputado en la causa, les indicó en una reunión que hicieran lo que fuera para reformular el proyecto presentado con Entre Pueblos, la antigua denominación de la actual Fundación Hemisferio, de la que es titular Augusto César Tauroni. Según la presidenta de Asamanu, Llinares les advirtió de que si iban solos a la convocatoria por la ayuda pública no se lo aprobaría y "nunca más" les aceptarían ningún proyecto.

María Vicenta Pons, que compareció como testigo ante el juez, relató que nunca habían concurrido a las convocatorias de la Consejeria de Solidaridad pero la entidad Entre Pueblos les ofreció sus servicios a través del correo electrónico, para hacerlo. Tras varias conversaciones, donde participó la coordinadora de proyectos de Entre Pueblos, Maribel Castillo, imputada en la causa, firmaron un acuerdo para presentarse a unas obras de rehabilitación de un instituto en Senegal.

La declarante no tuvo acceso al contenido del proyecto hasta el día en que fueron a registrarlo y fue cuando supo que sólo concurrían ellos y no la otra entidad. La presidenta de la ONG pensó que era imposible que les dieran la aprobación dada la "escasa" capacidad que tenían, aunque con anterioridad a la resolución de la convocatoria, Maribel le llamó para decirle que lo habían aprobado porque lo sabía de forma "extraoficial".

Al darles menos dinero, tenían que reformular el proyecto, de lo que se encargó la Fundación. Según su relato, inicialmente se presentaron varias facturas proforma de constructoras de las que se eligió a Beconsa, por ser la más económica. Para el ingreso al que ascendía la subvención --232.148,84 euros-- abrieron una cuenta con firma por parte de la represetante de la ONG y otra persona de Entre Pueblos.

A la constructora había que pagarle mediante carta de pago, aunque habían acordado que no se haría ninguno sin avisar. No obstante, la presidenta de la ONG narró que se llevó una "sorpresa" al ver que de la cuenta se había abonado a Beconsa 60.000 euros, y pidió que le enseñaran la carta de pago firmada, que el banco le aseguró que existía. Pons comprobó que figuraba una firma que probablemente fuera la suya, y que imagina que pudo suscribir en el momento de hacer la reformulación sin que se apercibiera de ello.

Puesta en contacto con Castillo, ésta le explicó que tenían que pagar esa cantidad a la constructora para empezar los trabajos y que iba a mandar una segunda carta de pago, a lo que la ONG se opuso hasta que no estuviera la mercantil en el país e iniciara los trabajos, por lo que dio órdenes al banco para congelar la cuenta.

Un voluntario de la ONG viajó a Senegal cuando les dijeron que iba a ir la constructora, el 5 de julio, aunque pospusieron el desplazamiento hasta el 19 o 20. En ese tiempo, mantuvo discusiones con la coordinadora de Entre Pueblos sobre el importe "desmesurado" de los trabajos, porque había una partida de picos, palas y herramientas por importe de 56.748 euros.

La ONG exigió a Castillo que la constructora justificase en qué se iban a gastar los 120.000 euros, mostró su disconformidad con todas las explicaciones que le daban y empezó a ver "cosas extrañas". A mediados de julio, según su versión, tampoco estaban los trabajadores y el voluntario del país le explicó que la cooperación de Suecia podía intervenir en el Liceo objeto del proyecto, lo que le dio la idea de desistir de él.

De ahí que apuntara a la Fundación la posibilidad de reconstruir aulas en tres colegios, con mano de obra de Senegal, pero indicó que Entre Pueblos solo quería construir dos aulas, lo que la dejó "escandalizada" porque pensaba que la Generalitat les iba a tratar de "ladrones". En ningún caso llegaron a un acuerdo y fueron llamados a una reunión en la Consejería donde estaban además de Llinares, Dolores Escandell, jefa de servicio también imputada, y otros técnicos.

El jefe de área, según ha relatado, le reprochó el "flaco favor" que había hecho su entidad a la cooperación, en una reunión en la que le dio la sensación de que a Llinares "no le importaba nada" la cooperación. Fue entonces cuando le pidió que hicieran lo que fuera pero contando con Entre Pueblos y que, si no, "si iban solos, no les iban a aprobar la reformulación" y que "nunca les iban a aprobar en consejería ningún proyecto".

Finalmente, lo reformularon solos, y no se les aprobó. La presidenta de la ONG relató que la constructora cobró los 60.000 euros y que les han reclamado la devolución --que llegaron a presentar una factura por 28.000 euros que les han requerido para que acrediten como pueden justificar el importe--, aunque no han podido contactar con ellos.

A partir del verano del pasado año mantuvieron conversaciones con la Generalitat para cerrar el expediente, en el que se cuestiona si se admite o no la factura y sobre el que, según la versión de la ONG, Dolores Escandell les dijo que la admitiría si se quitaba la coletilla de que las tareas no se habían realizado por motivos ajenos a la constructora.