Los vecinos de Velluters se proponen marcar los burdeles ilegales del barrio

Llevan años de pelea contra la prostitución en el barrio pero no han conseguido grandes avances. Cansados de esperar una acción decidida de las autoridades, los vecinos del barrio de Velluters, en Valencia, decidirán en asamblea el próximo 7 de junio si marcan con carteles las fachadas de los edificios donde se ejerce la prostitución para denunciar los burdeles ilegales. Lo ha confirmado Trinidad Piqué, coordinadora de la asociación.

Según Piqué, los vecinos están hartos y las autoridades no hacen nada. "Llevamos una lucha tremenda desde hace años y se abren nuevos garitos en vez de cerrarse los que ya están", denuncia. Los vecinos de Velluters, insiste la portavoz, aseguran que no tienen nada en contra de las mujeres y van a pedir una comisión de ayuda para que las mujeres que ejercen la prostitución puedan acogerse.

Las calles más problemáticas son las más céntricas de la ciudad, a espaldas del Ayuntamiento de Valencia y, "cuando pasas por las noches, ves a las mujeres durmiendo de cualquier manera. Pedimos soluciones, pero no que las trasladen a otro lado y ya está", propone Piqué.

La asociación denuncia amenazas incluso a vecinos por parte de los nuevos garitos abiertos que no quieren ni oír hablar de una posible clausura. "Es una situación muy violenta", dice. Esta organización se plantea que en los próximos meses pueda surgir un problema sanitario porque hasta ahora la sanidad era universal, con lo que vamos a pedir una reunión urgente con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El gobierno local ha intentado en varias ocasiones regular el ejercicio en la vía pública de la prostitución, aunque hasta la fecha no se ha alcanzado el consenso. Hace unos meses, el concejal de Seguridad de Valencia, Miquel Domínguez, recuperó la negociación con el resto de grupos municipales pero, de momento no hay acuerdo.

El Gobierno local de Valencia presentó un borrador en que se propone sancionar a prostitutas, proxenetas y clientes. Las multas oscilarían entre los 300 y los 2.000 euros y se castigará especialmente esta práctica si está cerca de parques o centros escolares. Domínguez insistió en que será una ordenanza puramente sancionadora y no entrará en el ámbito de los servicios sociales. Esto último ha sido el principal escollo para alcanzar un acuerdo con la oposición.