El “incompleto” ERE del Incasòl

“Es incompleto, precipitado, insuficiente, arbitrario... En un ERE, la empresa explica por qué presenta el expediente y cómo lo hará, pero en el caso del Incasòl, solo dice que despedirá a 203 personas por causas económicas, productivas y de organización. No especifica ni si quiera qué indemnizaciones hay previstas ni figura ningún plan social de recolocación”. Así se expresan los abogados que representan a los trabajadores del Incasòl, José Manuel Suárez y Vicente Cantos. Son los mismos que lograron la declaración de nulidad de los 19 empleados que la empresa pública echó y tuvo que readmitir el año pasado.

De forma unánime, los trabajadores, a través del comité de empresa, han delegado en ellos la negociación del expediente de regulación de empleo presentado el martes para despedir a 203 de sus 478 empleados. Con este ERE la Generalitat estrena la reforma laboral y es el primero de los que presentará para despedir a 1.400 empleados de empresas públicas. La plantilla del Incasòl celebrará hoy una asamblea a la una de la tarde.

El ejemplo más llamativo, en opinión de los abogados, de la “poca consistencia” de la documentación presentada es el famoso estudio de cargas de trabajo realizado por la consultora PriceWaterhouseCoopers durante un año entero: “ocupa un folio y medio”. Otro ejemplo, la documentación que acompañaba la veintena de despidos del año pasado ocupaba 5.000 folios, y la del ERE, que afecta a 203, “ocupa 300, la mitad repetitivos”, aseguran los abogados.

Los representantes de los trabajadores insisten en la “insuficiencia” de un expediente que, sostienen, “causa indefensión hacia los trabajadores por parte de la Administración pública, que debe ser el primer garante de los derechos de los trabajadores”. Por todo ello, los abogados pedirán la nulidad del ERE y se apoyarán en varios argumentos.

De entrada, ven “inconstitucional” que una Administración pública aplique la reforma laboral “que persigue fomentar el empleo”, en un supuesto que antes no existía (los ERE en empresas públicas) y a la vez engrose la lista del paro al despedir a 200 personas. Además, consideran que no se puede sostener el argumento de la “insuficiencia presupuestaria sobrevenida”, en una institución como el Incasòl, que pertenece a una Administración que lleva varios ejercicios aplicando medidas de austeridad.

La defensa de los empleados también ve “arbitraria” la justificación de las causas “por falta de explicación y transparencia”. “No sabemos qué puestos son los afectados ni por qué”, se preguntan Suárez y Cantos: “Se habla de elegir a los afectados en función de conocimientos, capacidad, experiencia profesional y méritos... ¿pero quién lo valora?”. Por último, niegan validez a las cifras sobre reducción de altos cargos que el Incasòl proporcionó el pasado viernes: hablaron de 63 altos cargos de un total de 142, cuando los trabajadores aseguran que son solo 4 de 26.

Fuentes del Incasòl respondieron ayer que no hablaron de altos cargos, sino de “cargos”, y señalaron que las indemnizaciones “serán las previstas por la ley”. Respecto al plan social, asegura que en la página web, la empresa publicó ayer las bases del concurso para realizarlo.