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Las universidades rechazan “rotundamente” el ‘decreto Wert’

Los consejos de Gobierno de la Politécnica y de Alicante denuncian la colisión de la norma con la autonomía académica

La Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Alicante se han sumado hoy al rechazo unánime de los rectores y de gran parte de los universitarios al decreto que plantea una amplia batería de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Tanto el Consejo de Gobierno de la Politécnica como el de Alicante han difundido sendos comunicados en los que se "rechaza de forma rotunda" el procedimiento seguido por el Ministerio de Educación, ya que el contenido de las medidas se han conocido por la prensa y una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado. La Universidad de Alicante lamenta que el ministro, José Ignacio Wert, haya "ignorado totalmente" los procedimientos preceptivos de consulta. La Politécnica de Valencia también carga contra  el procedimiento para modificar normas de "vital importancia en el funcionamiento y gestión de las universidades, sin contar con la opinión de las universidades, ni con la de los órganos y asociaciones que las representan".

El Consejo de Gobierno de Alicante rechaza "categóricamente" los argumentos defendidos por el Ministerio que apuntan al insuficiente trabajo de profesores y estudiantes para justificar las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley, y además expresar su "gran preocupación" porque el incremento de los precios públicos puede ocasionar "una quiebra del principio de igualdad de oportunidades". Durante las últimas décadas las universidades, recuerda el equipo de Raneda, "hemos podido incorporar a las aulas estudiantes procedentes de amplias capas sociales que han convertido a la institución universitaria en un importante mecanismo de promoción social. La subida de precios públicos puede hacer imposible que las universidades contribuyamos a la cohesión y estabilidad social".

Juliá: "El ministro sabe que la norma es manifiestamente mejorable"

Al mismo tiempo alertan de que la modificación del artículo 68 de la Ley Orgánica de Universidades "entra directamente en colisión con el derecho a la autonomía universitaria", al que la Constitución concede rango de derecho fundamental y que ha sido refrendado reiteradamente por el Tribunal Constitucional. El Real Decreto-ley contempla a las universidades como "meras delegaciones del ministerio, violentando la autonomía universitaria" al establecer de manera taxativa y unilateral la dedicación docente del profesorado. Por último, el equipo de dirección de la Universidad lamenta que dicho Real Decreto-Ley haya sido convalidado por el Congreso de Diputados el pasado día 17, impidiendo su tramitación como Proyecto de Ley, lo que ha hecho imposible que pueda ser modificado en profundidad.

Juan Juliá, rector de la Politécnica, ha dado cuenta a los miembros del consejo de Gobierno de la reunión mantenida el lunes por los rectores de las universidades públicas valencianas con la consejera de Educación, María José Catalá.

Juliá ha señalado que las universidades necesitan "alguna aclaración y compromiso de quienes tienen responsabilidad política universitaria", tanto en el ámbito autonómico como en el estatal. En esta línea, ha explicado que han solicitado a la consellera de Educación "mesura en la subida de tasas y "una garantía de que va a haber una ampliación de las becas y de que ningún alumno con rendimiento académico va a dejar de cursar estudios por razones económicas".

En cuanto a la dedicación horaria docente, los rectores han solicitado que no se valoren únicamente los tramos de investigación, sino también la transferencia. En este sentido, Juliá ha mostrado igualmente su rechazo a que sea el "sexenio, que mide fundamentalmente la publicación en revistas internacionales, el único indicador para valorar la dedicación a la investigación, dada la pluralidad de ramas de conocimiento y la diversidad de actividades asociadas a la investigación".

Asimismo, Juliá ha remarcado que los rectores "no cuestionan que hay un real decreto, sino como se aplica" y pretenden "subsanar los muchos defectos técnicos que tiene". "No se trata de cuestionar ni siquiera los principios orientadores, pero entendemos que la norma técnicamente es manifiestamente mejorable y eso lo sabe muy bien el ministro", ha concluido.

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