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Un exconsejero de la CAM: “No tenía tiempo de revisar balances”

Garrigós, presidente de la Cámara de Alicante, dice que no estaba preparado para el cargo

El responsable de la comisión de control de la CAM solo “supervisaba”

Juan Ramón Avilés y José Enrique Garrigós (derecha) se saludan tras comparecer en las Cortes.
Juan Ramón Avilés y José Enrique Garrigós (derecha) se saludan tras comparecer en las Cortes.

La comisión de investigación sobre la CAM en las Cortes valencianas ha vuelto a poner de manifiesto el escaso control del consejo y otros órganos en la gestión de la entidad. José Enrique Garrigós, exconsejero y actual presidente de la Camára de Comercio de Alicante, ha admitido que no tenía preparación para analizar los balances que presentaba la dirección general de la CAM. Es más, tampoco tenía tiempo para mirárselos, según ha dicho en su comparecencia.

A Garrigós le ha precedido el presidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés, quien ha afirmado que este organismo no tenía capacidad para controlar la entidad y ha explicado que se limitaba a desarrollar una "supervisión prudencial" que garantizase el respeto a las directrices de la asamblea general y la legalidad.

Al igual que otros exresponsables de la caja, Avilés ha defendido que todas las decisiones que se han adoptado han sido "conforme a derecho" y basados en los informes de auditoría. Además, como en otros casos, ha culpado de la caída de la entidad al Banco de España y ha restado peso a su propia capacidad de incidir en la gestión.

El Banco de España abrió un expediente disciplinario a Avilés por irregularidades en la gestión de la caja, lo que llevó a este a presentar una querella, que ha sido admitida a trámite, y en la que acusaba a los dos inspectores que elaboraron el informe sobre la gestión de la CAM de incluir datos falsos sobre él.

El presidente de la comisión de control, que desempeña este cargo desde 2007, ha recordado que ninguno sus miembros ha sido destituido ni sancionado por parte del Banco de España, al que ha responsabilizado de "consentir" la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP), a pesar de que fue quien "dirigió toda la fusión" desde el año 2010.

"Cómo pretende que la comisión de control controle un banco o controle un SIP, si el Banco de España no puede hacerlo", ha planteado ante las preguntas de los grupos parlamentarios de la oposición, que le han acusado de no cumplir con su obligación y de limitarse a dar "por bueno" aquello que le contaban.

La comisión de control es un "órgano colegiado y no ejecutivo" que depende de la asamblea general, y "no puede ir en contra" de la misma, según Avilés, quien ha reconocido que la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, no les informó "adecuadamente" del requerimiento del Banco de España alertando de la situación financiera de la caja.

El requerimiento fue trasmitido a la comisión "de manera apresuradísima" y con una exposición "parcial" que "desvirtuaba el grave contenido" del mismo, ha afirmado el presidente del órgano de control, quien ha criticado que en los cuatro años que los inspectores del Banco de España estuvieron trabajando en la CAM "nunca" se dirigieron a él.

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha criticado que no se cumpliera con la obligación de leer "íntegramente" los requerimientos del Banco de España y el socialista Ángel Luna le ha recriminado que no cumplieran con su obligación de "exigir" el acta del consejo de ddministración y se limitaran a dar "por bueno" lo que les contaba la directora general.

El diputado de Esquerra Unida (EU) Lluís Torró ha afirmado que la comisión ha fallado "estrepitosamente" en su labor, ya que "lo único" que ha hecho ha sido "decir sí" a lo que se le ponía delante.

Mollà le ha preguntado por los 241.000 euros que cobró en concepto de dietas por su participación en Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), ante lo que Avilés ha defendido que solo las cobró cuando la asamblea general de la CAM fue informada y dio su consentimiento.

El presidente de la comisión de control también ha defendido los créditos que la CAM concedió a una empresa de sus familiares y ha asegurado que se les otorgaron "según las condiciones de mercado".

Sin tiempo ni preparación

También ha comparecido en la comisión el exmiembro del consejo de administración de la CAM José Enrique Garrigós, quien ha espetado a los diputados que no estaba "preparado" ni tenía "tiempo" para revisar los balances sobre las cuentas de la caja que les presentaba el equipo directivo.

Garrigós, en su comparecencia, ha asegurado que el consejo del 14 de diciembre de 2010 nunca fue informado del requerimiento del Banco de España alertando de la situación financiera de la caja. "Yo no sé de ningún requerimiento del Banco de España", ha afirmado el también presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, quien ha reconocido que llegó a pedir en un consejo "la intervención del Banco de España", cuando se dio cuenta de que las cosas "no estaban claras".

"Yo soy un empresario normal y corriente y no estoy preparado y no tengo tiempo para revisar los balances", ha manifestado, y ha insistido en que siempre se fió de lo que le decía la dirección general, que mostraba unos "balances con beneficios" y los auditores, que aseguraban que todo iba "estupendamente".

Garrigós ha responsabilizado a la ley de las Cajas de Ahorro de que en el consejo de administración de la CAM hubiera "una cajera de supermercado" o una "socióloga".

El diputado socialista Ángel Luna le ha recriminado que los consejeros aceptaban todo los que les decían los directivos de las caja porque estos les preparaban "suculentas dietas", ante lo que Garrigós ha respondido que le daban "ganas de reír" que se crea que estaba en la CAM por los 129,33 euros que cobraba cada vez que se reunía el consejo.

"No entiendo cómo aceptaban todo lo que les decían sin ir un poco más allá", ha abundado el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró, quien ha indicado que da la sensación de que eran los directivos quienes "controlaban" a los consejeros y no al revés.

“Falta de colaboración”

La Mesa de las Cortes decidirá si pone en conocimiento del Ministerio Fiscal la "falta de colaboración" del exdirector general de la CAM entre 2001 y 2010, Roberto López Abad, que se negó a responder a las preguntas de los diputados que forman parte de la comisión que investiga el descalabro de la caja alicantina.

Los diputados miembros de la comisión de las Cortes que investiga la intervención de la CAM por parte del Banco de España ha aprobado por unanimidad trasladar la petición a la mesa del parlamento valenciano, que decidirá si informa al fiscal de la actuación de López Abad y del exdirectivo de la CAM Daniel Gil, que se negaron a declarar el pasado 21 de mayo.

El portavoz socialista en la comisión, Angel Luna, solicitó dar esa información al fiscal para que éste decida si es "constitutiva de algún delito", puesto que los dos exdirectivos se acogieron a su derecho a no declarar por enfrentarse "a una posible imputación ante la Audiencia Nacional".

Luna explicó entonces que ni López Abad ni Gil tienen ninguna causa abierta que les impida declarar, motivo por el cual solicitó a los letrados de la cámara un informe sobre si convenía dar cuenta al fiscal.

Además, se ha decidido conceder al gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, un plazo hasta el 30 de septiembre para comparecer ante la comisión.

Fernández Ordóñez y otros ocho actuales y anteriores responsables del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) habían rehusado comparecer con el argumento de que su actuación está sujeta únicamente al control del Congreso de los Diputados.

Según explicaban, "los datos, documentos e informaciones" relacionadas con la supervisión de entidades de crédito tienen "carácter reservado", y no pueden ser desvelados en una comisión de investigación creada por un parlamento autonómico, ya que supondría contradecir la doctrina del Consejo de Estado.

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