Gipuzkoa pretende cobrar a todos los conductores en su red principal
La Diputación elude concretar dónde pondrá peajes o si creará una viñeta
![Mikel Ormazabal](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F298aedf5-790e-4a90-98ed-9ad679cdde79.png?auth=35aa7b41467444d7176a3b9b99399cfd1f4b86162b2c1da737f720ae4c5f43e0&width=100&height=100&smart=true)
![El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, pasa por detrás de los junteros socialistas Mikel Duran (izquierda) y Eneko Andueza, ayer durante su comparecencia en las Juntas Generales.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/44LFCVUZHC2NPQYM4WGDDGQH4I.jpg?auth=f33121ca557e33a5ee2f53cce13ab5b97efbabf5c9b462ca7bfbfb47fb6c4ba7&width=414)
La Diputación de Gipuzkoa se decanta por adoptar “medidas de pago en la red principal de carreteras” de esta provincia, incluidas la carretera N-I y la autovía de Navarra (A-15), y propone cobrar a “todos los usuarios”. Así consta en el documento de conclusiones y propuestas que ha remitido a la ponencia marco sobre financiación de carreteras creada en las Juntas Generales. En el informe, el Departamento de Infraestructuras Viarias, dirigido por Larraitz Ugarte, se muestra favorable a ampliar el actual sistema de cobro, pero elude concretar si apuesta por establecer nuevos peajes u opta por instaurar una viñeta para todos los conductores.
El Gobierno foral de Bildu viene a decir que la situación actual —sólo se paga en las autopistas AP-1 (Eibar-Vitoria) y AP-8 (Bilbao-Behobia)— es insostenible para garantizarlos recursos económicos necesarios para el mantenimiento y la conservación de toda la red viaria. En un escrito de ocho páginas, reconoce que resulta “imposible” atender las necesidades de las infraestructuras solo a través de los “impuestos y presupuestos”. La Diputación asegura que las “carencias” en conservación, principalmente por el “mal estado” de la N-I y la variante donostiarra, obligan a destinar 230 millones “para dejar las carreteras como nuevas”. Además, precisa otros 135 millones anuales para labores de mantenimiento.
El Ejecutivo foral asegura que el déficit de 900 millones de Bidegi (la sociedad pública que gestiona las autopistas de Gipuzkoa) “no se reequilibrará” con la actual política de peajes, y que los cuatro millones que se esperan recaudar al año en el futuro peaje de Deskarga (en la autovía Beasain-Durango) “no son suficientes”. Además, hace constar que Gipuzkoa parte de un sistema de financiación “totalmente arbitrario”, porque en la AP-8 se sigue pagando, pero la N-I y la A-15 son gratuitas, y el mantenimiento “solo” lo sufragan los guipuzcoanos. También expone que la mayor parte del transporte internacional circula “casi gratis” por la N-I, y que los camiones suponen un tercio de la recaudación de las autopistas.
“Hay que tomar medidas. Debemos buscar un sistema más justo”, subraya la Diputación.
Bildu sostiene que el actual modelo de peajes no genera recursos suficientes
Tras presentar este panorama, el departamento de Ugarte presenta cinco posibles estrategias, aunque no se inclina por ninguna de las mismas. Abre un abanico que va desde “incrementar los peajes” hasta implantar “peajes electrónicos”, pasando por “establecer viñetas”, “poner nuevos peajes” o “aumentar los programas de descuento”.
Cuando llega al capítulo de las conclusiones, el Gobierno foral no toma partido por ninguna de las opciones anteriormente mencionadas. Se limita a enumerar una serie de interrogantes a las que no da respuesta alguna. Resuelve, aso sí, que “necesitamos soluciones generales”, y que las necesidades de infraestructuras y el sistema de financiación de las mismas “deben ir ligados”. La Diputación se cuestiona si el actual sistema “impuestos más peajes” cumple los objetivos, si “paga quien utiliza” o si hay que “establecer sistemas de pago en las carreteras que son libres”.
Solo en el último punto del informe aclara que “deben adoptarse medidas de pago en la red principal y deben establecerse para todos los usuarios”. Estas conclusiones llegan después de seis meses de trabajo en la Cámara provincial a cargo de la ponencia sobre la financiación de las carreteras, en la que han comparecido representantes de transportistas, automovilistas, técnicos del departamento, de Bidegi, del Gobierno vasco y de la consultora Tekia, encargada de hacer un estudio sobre “modelos de peajes y tecnologías asociadas”. La ponencia debe aprobar sus conclusiones a lo largo del mes de junio.
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