El mecano de la corrupción

El Gobierno del PP del municipio juguetero de Ibi (24.000 habitantes) ha escalado hasta la cima de la negra estadística en la provincia de Alicante por supuesta corrupción. En tres años, otros tantos miembros del Ejecutivo local, liderado por la también diputada autonómica Maite Parra, han dimitido tras ser acusados, entre otros delitos, de malversación, cohecho y blanqueo de capitales y prevaricación.

Cada uno de los exediles es la punta de lanza de otras tantas piezas de un mecano de corrupción que los dos juzgados de la localidad tratan de desentrañar. La base de las tres supuestas tramas corruptas es el pago de comisiones a cambio de contratas, obras y planes urbanísticos.

La cainita disputa entre los dos antiguos sectores del PP alicantino, ripollistas y campistas, está en el origen de la investigación. En pleno pulso entre ambos sectores, la alcaldesa expulsó a principios de 2009 del Grupo Popular a la edil ripollista Felicidad Peñalver.

La reacción de Peñalver fue una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, supuestos tratos de favor a familiares e incrementos desmesurados patrimonio de sus excompañeros. La denuncia de Peñalver situó en el ojo del huracán a la alcaldesa y su hombre fuerte y presidente local del PP, Miguel Ángel Agüera. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi abrió en 2010 una causa que dos años más tarde aún es secreta.

La guerra interna del PP está en el origen de las pesquisas policiales

A principios de este mes, Peñalver amplió la denuncia con otro escrito en el que atribuía sendas cuentas en Suiza a Agüera y Parra. El pasado día 21 la policía arrestó a Agüera. Dos días después, la juez lo dejó en libertad con cargos por cinco delitos: malversación, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y blanqueo de capitales. Agüera dimitió como edil el día de su arresto, y dejó la presidencia local del PP tras quedar imputado.

La segunda trama es consecuencia de una denuncia que el PSPV presentó en 2009 en la Fiscalía de Alicante por malversación de fondos del polideportivo municipal. Por estos hechos está imputada la exedil del PP de Deportes Ana Sarabia y ha sido arrestado el gerente de la instalación acusado de apropiarse de 150.000 euros de la recaudación de la instalación y de compras inexistentes de material.

La tercera causa que investigan los tribunales de Ibi sobre presuntas prácticas corruptas, tiene su origen en una denuncia que en 2010 cursó ante la Fiscalía de Alicante un empresario local. El denunciante aportó una grabación, en la que el edil Antonio Onsurbe exige al empresario una serie de comisiones, a veces, del 50%, a cambio de los contratos que le adjudicase el Consistorio. En la conversación, el edil confiesa al empresario que de esa práctica no son ajenos ni su compañero Agüera ni la alcaldesa. “No hace nada [la alcaldesa], porque también ha mojado”, dice. Y sobre Agüera añade: “Está buscando empresas para dar dos o tres pelotazos”. Uno de ellos, según la grabación, estaría vinculado a la contrata de la basura, que adjudicaría al cabecilla del caso Brugal, Ángel Fenoll. En esta causa está imputado el exedil Onsurbe, destituido de sus funciones y expulsado del partido al trascender a la opinión pública el contenido de la grabación.

La exconcejal Peñalver denunció por supuestas irregularidades a sus excompañeros del Consistorio

Además, de estas tres causas principales, en los dos juzgados de Ibi hay más denuncias (de particulares y de políticos) sobre supuestas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Ibi. El lapso de tiempo que los jueces están investigando abarca desde 2003 hasta 2010. En ese periodo el Ayuntamiento ha estado en manos de PP, bien en minoría, como en la actualidad, o con mayoría absoluta, entre 2007 y 2011.

Y en ese período el Consistorio ha puesto sobre el tapete tres grandes obras, dos grandes contratas y un macroplan urbanístico. Y en la mayoría de los casos con importantes desvíos sobre el presupuesto inicial.

El mayor programa urbanístico ha sido el PAI del Alamí. El plan, que prevía 1.200 casas, se adjudicó en 2004 a la firma La Generala, la oferta más cara, por 17 millones. Esta empresa se comprometió a construir un pabellón y un vial. Ocho años más tarde, la zona del PAI, 350.000 metros cuadrados, es un erial, y ni hay pabellón ni vial. La adjudicación del PAI motivó la primera denuncia en los tribunales a cargo del promotor local José Gimeno por una supuesta estafa de 12 millones de euros contra la mercantil La Generala.

Una de las obras más importantes ha sido la piscina climatizada, que adjudicó el PSPV en 2002 por 1,8 millones a la firma Electrosur. En 2003, el PP revocó la adjudicación y se la dio a la mercantil Intersa-Levante, por 2,5 millones. La obra ha acabado costando 3,1 millones. Además, la reforma del Teatro Río, adjudicado a la firma Intersa-Levante por 3,9, al final ha costado nueve millones, y el coste del palacio de justicia se elevó de 1,3 a 1,7 millones.

Las dos grandes contratas son la del agua, a la firma Aquagest, por 25 años y un canon de 1,1 millones de euros, y la limpieza y recogida de la basura, pendiente de adjudicar. Hasta ahora estas dos concesiones iban por separado: la primera, en manos de FCC y la segunda, de Urbaser. El nuevo contrato ha salido por 36 millones y 18 años. La mesa de contratación lo adjudicó a la firma Secopsa-Utesa, pero está pendiente de un informe de la junta consultiva de la Generalitat.

Patrimonio bajo sospecha tras 20 años de edil

Miguel Ángel Agüera, hombre fuerte del equipo de gobierno de Ibi en la última década, ha puesto colofón a 20 años en la política activa (fue edil en la oposición otros 10 años), con un arresto y una imputación por cinco delitos. Agüera ha vivido los dos últimos años de su gestión en el Consistorio con la policía y la Guardia Civil rastreando sus cuentas corrientes y su patrimonio.

En su última declaración de actividades y bienes, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 12 de julio de 2011, el exlíder del PP de Ibi declaró bienes inmuebles por valor de 169.584,58 euros y otros 18.000 euros por otros bienes. En esa misma declaración, Agüera reflejó un pasivo de 181.600 euros y 25.321 euros por otras actividades.

Sin embargo, el patrimonio de Agüera, según la policía, es más abultado. La brigada de delitos económicos le atribuye dos coches, una moto, una colección de relojes y otra de cuadros. Y su excompañera de partido y desde hace dos años máxima rival, Felicidad Peñalver, engorda su patrimonio al atribuirle una supuesta cuenta corriente en Suiza, con un saldo de 1,3 millones de euros.

Agüera, economista de profesión y miembro de una familia de clase media de Ibi, logró su primera acta de concejal en 1995. Hasta 2003, no tocó el poder. Entonces, el PP accedió a la alcaldía en minoría. Maite Parra fue elegida alcaldesa y Agüera, primer teniente de alcalde y responsable del área de Hacienda. En el mandato de 2007, el PP recuperó la mayoría absoluta en la Corporación, y Agüera asumió el control del área de Urbanismo. Cinco meses antes de concluir el mandato, volvió al área de Hacienda.

La alcaldesa Maite Parra, diputada autonómica desde 2009, ha logrado mantenerse en el poder desde 2003, pese a que solo gozó de mayoría absoluta entre 2007 y 2011. En el presente mandato mantiene el poder merced al soporte del concejal independiente Juan Valls. Este se resiste a apoyar una moción de censura hasta que la juez no levante el secreto del sumario.

Parra, en su última declaración de bienes, reflejó bienes inmuebles por 68.436 euros. En su denuncia, Peñalver asegura que Parra tiene una cuenta en Suiza con 1,2 millones de euros. Parra ni está acusada ni imputada en ninguna de las causas.