El día que Blasco se delató

A finales de julio de 2008, el 30 o 31 según versiones, en la entonces denominada Consejería de Solidaridad y Ciudadanía se celebró una reunión. Una tensa reunión en la que los técnicos del departamento se opusieron a dar vía libre a la subvención de un proyecto de una organización no gubernamental (ONG) y, tal y como cuentan varios testigos, el consejero Rafael Blasco, actual portavoz del PP, “montó en cólera” y aseguró que él respondía por el proyecto. Ese día, Blasco se descubrió.

La ONG, Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes, sin relación con la constructora del mismo nombre), logró finalmente dos subvenciones por 1.666.819 euros para intervenciones en Nicaragua. Pero la mayor parte del dinero se gastó en inmuebles en Valencia y en facturas a empresas de la trama, por lo que al país llegó una ínfima parte del dinero. De hecho, la experta en Cooperación que visitó los proyectos en Nicaragua, Victoria Vila, declaró a la juez que solo llegaron unos 100.000 dólares (80.000 euros) al terreno y que en Nicaragua desconocían que la subvención era de 1,6 millones de euros. El caso provocó dos años después un escándalo político y es uno de los que originaron la investigación de la juez Nieves Molina por el presunto fraude en las subvenciones por seis millones de euros. La indignación de aquel día es quizá la que ahora lamente el síndic popular, a punto de ser imputado.

Tanto testigos como imputados en el caso han descrito aquella reunión ante la juez y los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres, que insistieron en preguntar sobre aquel día. Varios de ellos cesaron o fueron apartados después por Blasco.

Es el caso de Teresa Clemente, jefa de servicio de la dirección de Cooperación al Desarrollo, que declaró como testigo que en los expedientes de Cyes se reflejaba que la ONG no cumplía el requisito de experiencia previa con proyectos en el país. De hecho, el propio presidente de Cyes, Marcial López, confesó ante la juez tras su detención que su entidad solo se había dedicado hasta entonces a “actividades de formación y no a la realización de proyectos”.

Y es por eso por lo que los expedientes no se remitieron a la empresa evaluadora externa Caaz-Broseta. No pasaron ni el primer filtro, lo que indignó especialmente a Blasco. Pese a ello, Clemente se enteró de que la imputada Tina Sanjuán, secretaria general administrativa de la consejería, había ordenado remitirlos igualmente. El también imputado Luis Fernando Castel, evaluador de Caaz-Broseta, reconoció en su interrogatorio que analizó los 14 grandes proyectos de 2008 pero no recuerda si los de Cyes le llegaron más tarde. Sí confiesa que percibió que “en la consejería tenían interés en que se admitieran dichos proyectos”. Clemente también declaró que Marcial López, presidente de Cyes, la llamó “en un tono prepotente” y le indicó que “el tema ya estaba solucionado y que lo había hablado directamente con Blasco”.

El exconsejero amenazó con revisar expedientes de los técnicos no dóciles

Sin embargo, los expertos lo tenían claro y a finales de julio se negaron a aprobar la propuesta en la reunión de la comisión de valoración, integrada por la directora general de Cooperación, Carmen Dolz, el jefe de área de Cooperación, Sergio Aguado, por Clemente, por Sanjuán y, como secretario sin voto, por Manuel Fornás, jefe de sección del Área de Cooperación. Ahí empezaron las presiones. Al parecer, se llegó a firmar el acta pero no la entregarían a no ser que se subsanara la acreditación de experiencia previa. Y decidieron dejarla bajo llave, custodiada por Fornás.

Esa misma tarde-noche, fueron convocados por Blasco, en presencia de su jefe de gabinete, Xavier Llopis. En una reunión que duró más de dos horas, y que con la perspectiva del tiempo parece clave en el futuro de Blasco, el consejero destapó su interés personal en sacar los proyectos de Cyes. Así, según Clemente, el consejero aseguró que el requisito mencionado “sí estaba acreditado, que él interpretaba que estaba acreditado y que los miembros de la comisión no podían interpretarlo”, puesto que solo él y el subsecretario, Alexandre Catalá, estaban capacitados para aplicar las bases de la convocatoria.

Y les pidió que le dieran el acta, “que él respondía”. Ante la negativa, les dijo que no merecían su confianza y a Clemente la amenazó con dedicar las vacaciones a revisar los expedientes que hubieran pasado por sus manos, a lo que ella respondió que estaba muy tranquila con su trabajo. De hecho, al día siguiente, un ordenanza se llevó los expedientes a la planta del despacho de Blasco.

El requisito de la experiencia se subsanó a pesar de que Cyes no la tenía

Aguado declaró a la juez que en aquella reunión se sintió “presionado e incómodo”, pero que se mantuvieron “firmes en su propósito de no darle el acta si no se acreditaba documentalmente la experiencia”. Y confirmó que Blasco “se mostró muy enfadado”. Aguado relaciona su cese “con lo que pasó con Cyes”. Dolz abundó en lo mismo: los reproches de Blasco y la fiscalización de los expedientes. Incluso Blasco se quejó de que "por un papel que iba a llegar" se estancara el expediente. 

Fornás también contó a la juez el cabreo de Blasco, que quería que “eso saliera ya” y les aseguraba que todo “era correcto”. Y confirmó la amenaza de revisar los expedientes. En todo caso, al experto le pareció “extraño” el comportamiento de Blasco porque “en principio, al consejero le tenía que dar lo mismo a quién se concedieran las subvenciones”.

Ya en agosto, en plenas vacaciones, todos se enteraron de que el informe de acreditación había llegado y se tramitó la subvención. El propio Fornás declara que llegó un papel firmado por varios alcaldes de pueblos de Nicaragua afirmando que Cyes había participado junto a otras ONG en varios proyectos en aquel país. Algo que contradice la falta de experiencia reconocida el pasado febrero por el propio Marcial López ante la juez. A Fornás, los papeles de Nicaragua no le parecieron el tipo de “documentos habituales”, pero fueron los que finalmente validaron el proyecto.

Las purgas de 2008 a raíz del asunto de Cyes se repitieron con otros técnicos en 2010

Tina Sanjuán también fue preguntada por la reunión. La secretaria general administrativa no recuerda un especial interés de Blasco por Cyes, ni que los miembros de la comisión se negaran a tramitar los expedientes, y, aunque sí confirmó que el consejero habló de revisar todos los expedientes, lo achacó a su carácter.

Las purgas de 2008 a raíz de Cyes se volvieron a repetir con otros técnicos en 2010, cuando el fraude de las subvenciones saltó a la prensa. Fue cuando se destapó que gran parte de los 1,6 millones recibidos por Marcial López, hasta 969.875 euros, se destinaron a comprar inmuebles en Valencia apenas dos meses después de recibir las subvenciones. Y se justificaron otros 456.969 con facturas de Arcmed, firma vinculada a Tauroni.

A finales de julio de 2008, Blasco se delató, descubrió un interés especial por una ONG, y eso en la consejería no pasó desapercibido.