“La violamos o cualquier barbaridad, ¿no?”. “Sí, lo que sea”

Las repetidas denuncias en los medios de comunicación sobre el saqueo de los fondos de cooperación que otorgaba la Generalitat provocaron el año pasado en la cúpula de la trama una inquina hacia periodistas y políticos de la oposición cuya dimensión solo se conoce ahora gracias a las intervenciones telefónicas ordenadas por la juez Nieves Molina. Y una de las personas más odiadas por el cerebro de la trama, Augusto César Tauroni, el único de los 22 imputados que permanece en prisión desde su detención hace tres meses, es precisamente una de las dos diputadas que llevaron el caso a la justicia.

En una conversación telefónica entre Tauroni y su abogado, José Vicente Gómez Tejedor, registrada el 19 de septiembre de 2011, se profieren unas amenazas verbales que aunque fueran solo fanfarronadas no por ello pierden una profunda carga de violencia y desprecio dado que hacen referencia a una hipotética agresión sexual. La destinataria es Mireia Mollà, diputada de Compromís.

Tras una charla de casi tres minutos en la que hablan de un juicio en Castellón y una consulta profesional sobre la compra de un avión años antes, Tauroni cambia de tema: “Y luego habrá que meditar qué hacemos con la Mireia, si la denunciamos o qué hacemos con ella”, plantea a Gómez Tejedor. “La violamos o cualquier barbaridad de esta (sic), ¿no?”, inquiere el letrado, a lo que el empresario le responde: “Sí, lo que sea, pero...”. El abogado le interrumpe: “Más quisiera la pobre, en fin”. Y se despiden entre risas.

Gómez Tejedor es actualmente el abogado tanto de Tauroni como de su mujer, Alina Indiekina, como de Arturo Tauroni, hermano del empresario detenido.

Mollà denunció un año antes ante la fiscalía la trama en torno a Hemisferio

Mireia Mollà y la socialista Clara Tirado son las dos parlamentarias que en 2010, casi un año antes de las conversaciones referidas, llevaron a la fiscalía dos denuncias distintas sobre el fraude en los fondos de cooperación al desarrollo que otorgaba la Generalitat desde la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía cuando el responsable era Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas. Unas denuncias que están a punto de acabar con el síndic popular imputado en la causa, ya que hasta ahora es el único responsable de la cúpula de aquella consejería que no ha sido señalado por la juez.

Mollà, en concreto, presentó el 15 de octubre de 2010 en el registro de los juzgados un escrito en el que denunciaba la trama orquestada desde la consejería y la institución creada por Tauroni, la Fundación Solidaria Entre Pueblos (que luego cambió de nombre a Hemisferio), para desviar las ayudas concedidas a varias organizaciones no gubernamentales (ONG). Allí explicaba cómo pequeñas organizaciones, que apenas habían acometido modestos proyectos, de pronto, con Blasco en la consejería, pasaron a recibir subvenciones que rondaban o superaban ampliamente el millón de euros. Y también aportaba documentación que reflejaba que para ejecutar los proyectos las ONG facturaban con empresas que estaban directamente vinculadas a la fundación eje de la trama. Días después, el 24 de noviembre, Mollà prestó declaración en la fiscalía y allí corroboró todo lo denunciado y aportó numerosa documentación.

El lenguaje y el grado de odio que destila la grabación coinciden con el tono de otras muchas intervenciones telefónicas. Así, en el sumario hay charlas en las que Tauroni se refiere a los periodistas como sicarios. O en las que Josep María Felip, exdirector general de Cooperación, habla de asaltar EL PAÍS. Incluso Marc Llinares, exjefe de área de Cooperación, explica que su mujer le aconseja ir “con la metralleta a matar” a un periodista.