El Consell siente “vergüenza ajena” por el escándalo de la cooperación

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, reconoció este viernes que los detalles del caso de la cooperación, que han trascendido tras el levantamiento del secreto de sumario, le causan vergüenza ajena. “Algunas de las expresiones que hemos visto son absolutamente reprobables”, declaró Ciscar a preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa posterior al pleno.

El caso de la cooperación investiga el presunto desvío de fondos públicos de cooperación orquestado en torno a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía que entonces dirigía Rafael Blasco, ahora portavoz del PP en las Cortes.

En el sumario, el empresario Augusto César Tauroni, en prisión, se refería a los países en desarrollo objeto de la cooperación como negrolandia. “Algunos de los contenidos que estamos conociendo nos causan vergüenza ajena”, reiteró Ciscar, quien juzgó del todo reprobables algunas de las expresiones utilizadas por los implicados, especialmente cuando se trata de un área como es la cooperación al desarrollo, que afecta a las personas con menos recursos.

El número dos del Gobierno valenciano reiteró que la actitud del Consell es de tolerancia cero con la corrupción y de máxima colaboración con los tribunales de justicia. Sobre el comunicado que Blasco emitió el jueves, en el que defendió la actuación de la Generalitat en este proceso, Ciscar solo precisó que el Ejecutivo esperará a las conclusiones de la comisión de la Generalitat encargada de revisar los expedientes de cooperación antes de hacer valoraciones.

El trabajo debe estar terminado a mediados de junio. El vicepresidente marca así distancias con el comunicado de Blasco, quien aparece en el sumario en varias conversaciones con el empresario Augusto César Tauroni, principal imputado del caso y hoy encarcelado.

Según el vicepresidente, si de esas revisiones se dedujera algún tipo de responsabilidad, “se exigirá”.

El vicepresidente del Consell trató de dar firmeza a su posición y recordó que la Generalitat se ha personado como acusación particular en el sumario, por lo que exigirán “todas aquellas responsabilidades penales y civiles necesarias” si de la investigación de la comisión se dedujera alguna. “No tengan la más mínima duda de que la vamos a seguir exigiendo”, remachó.

Preguntado por la razón por la que se mantuvo a la cúpula de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía después de que una directora general —Pilar Collado— se marchara tras negarse a firmar los expedientes, Ciscar indicó que “seguramente ese alto cargo no nos planteó la necesidad” y recalcó que existe una investigación judicial en curso para esclarecer el caso.

“Dejemos trabajar a los jueces, es un sumario muy voluminoso, muy completo, muy exhaustivo y va a haber unas conclusiones en sede judicial que antes o después vamos a conocer”, apuntó Ciscar. Éste apuntaló su afirmación con la actuación del Gobierno de Alberto Fabra, que no ha permitido la continuidad en su puesto de ningún alto cargo imputado y que ha abierto los preceptivos expedientes disciplinarios a los funcionarios supuestamente implicados. Ciscar insistió en lo que viene siendo la línea de actuación del Consell de Fabra y es la imputación.

Una cosa llevó a la otra. Y un periodista le preguntó por qué si esa es la actitud del Consell hay tantos imputados entre los diputados del PP en las Cortes Valencianas. Es el caso de Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez, Pedro Ángel Hernández Mateo, Angélica Such o Vicente Rambla.

Sin competencias

El vicepresidente del Consell aclaró que cuando se refiere a la imputación, habla de los cargos públicos sobre los que el presidente tiene competencia para nombrar o destituir y no de cargos electos. Alberto Fabra, en su calidad de presidente del PP valenciano, podría forzar la salida de estos diputados del Grupo Popular pero no la entrega del acta de diputado, con lo que se abriría un escenario en el que Fabra se podría enfrentar a la creación de un grupo mixto o de no adscritos.

“El presidente de la Generalitat y el Consell, donde tienen competencias, actúan, no creo que pueda haber ninguna duda de cuál es nuestro compromiso en perseguir la corrupción: exigimos la máxima ejemplaridad y transparencia a los altos cargos”, indicó Ciscar, que puntualizó que en los ámbitos en que no pueden actuar, hay que respetar la ley.