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UPyD pide suprimir otras dos entidades regionales ‘duplicadas’ de las del Estado

La formación magenta propone eliminar la Agencia de Protección de Datos y el Consejo Consultivo

La medida supondría siete millones de euros de ahorro anuales

UPyD ha presentado esta mañana en la Asamblea de Madrid dos Proposiciones No de Ley en las que pide la supresión de la Agencia de Protección de Datos y el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, lo que según sus cálculos supondría un ahorro de siete millones de euros anuales. “El Gobierno de Aguirre debe dar ejemplo en estos momentos de crisis y eliminar todos los gastos superfluos, entre los que se encuentran estos dos entes duplicados con la Administración del Estado", ha asegurado el portavoz magenta, Luis de Velasco, que entiende que "los ciudadanos no pueden seguir siendo los únicos que paguen el agujero del déficit, con la subida de tasas y tarifas, y padeciendo los recortes”.

La primera Proposición No de Ley recoge que la Agencia de Protección de Datos regional tiene actualmente duplicadas sus funciones con la Agencia Española de Protección de Datos, cuyas competencias abarcan la revisión de ficheros generados en todo el territorio nacional. La supresión de este organismo supondría un ahorro de 2,2 millones, su partida presupuestaria para 2012. La Agencia Española no tiene limitadas sus funciones a nivel estatal exclusivamente, y por ello, de no existir el órgano autonómico, las podría ejercer. Solo tres de las 17 Comunidades Autónomas han asumido dicha competencia, creando su propia Agencia de Protección de Datos: Cataluña, Madrid y País Vasco.

La cantidad que se podría ahorrar suprimiendo el Consejo Consultivo sería de casi 5 millones. Según explica UPyD, este órgano tiene una escasa actividad y un elevado coste, cuyas funciones podrían ser perfectamente realizadas por el órgano estatal competente, el Consejo de Estado. Luis de Velasco ha afirmado que “Aguirre debe dirigir el gasto hacia los servicios esenciales y devolver el poder a los ciudadanos con la transparencia. Si los ciudadanos tienen más información sobre la actividad pública de las instituciones, podrán controlar mejor la labor de los políticos”.

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