El juez imputa al jefe jurídico de Turismo en el ‘caso Gürtel’

El instructor adopta la decisión a petición de la Fiscalía Bover ya declaró en la causa como testigo

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, instructor de la causa de financiación ilegal del PP, que engloba la mayor parte de las actividades ilegales que la trama Gürtel supuestamente desplegó en Valencia, ha realizado una nueva imputación, y ya son 26.

Se trata de Juan Bover, jefe del departamento jurídico de la Consejería de Turismo, que avaló contratos entre el entramado empresarial de la trama de Francisco Correa y la Administración valenciana con motivo de la participación de la Generalitat en la feria Fitur, un negocio del que la red corrupta obtuvo unos cinco millones de euros entre 2005 y 2009 y que, según los informes de la policía y la Intervención General del Estado, fueron amañados de principio a fin.

El instructor ha adoptado la decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que Bover declarase en la causa en calidad de testigo. El ministerio público considera que el informe de Bover de 18 de noviembre de 2004, en el que respaldó las bases del concurso de la edición de Fitur en 2005, fue clave para el amaño.

“Posibilitó que se realizara la contratación con unos criterios y baremos de valoración escasamente definidos y con un elevado nivel de subjetividad, soslayando la aplicación de la normativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que resultaba aplicable a la Agencia Valenciana de Turismo, al tratarse de una entidad de derecho público”, según el razonamiento de los fiscales acogido por el juez.

Dos consejerías más

El juez también ha dado cinco días a otras dos consejerías bajo sospecha que participaron en Fitur 2005. Ambas lo hicieron con pabellones propios, montados por las empresas del Grupo Correa y, según la investigación, troceando los contratos para adjudicarlos a dedo eludiendo la libre concurrencia.

El instructor reclama a la Consejería de Infraestructuras y a la Consejería de Territorio (hoy unidas) el documento por el cual Turismo les invitó a participar en Fitur y la certificación de las personas que resolvieron cada contrato menor y autorizaron los pagos. El juez requiere igualmente a Presidencia de la Generalitat la autorización para dichos contratos que concedió Dora Ibars, directora de Promoción Institucional, e imputada en la causa.

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