Guerrero pide que el diputado José Antonio Viera declare por los ERE
El ex director general de Trabajo también reclama la comparecencia del exinterventor y el jefe jurídico
![Javier Martín-Arroyo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbe822ad5-55c4-471f-a6de-f8ffe65744e8.png?auth=11b4c18a3c700fde6547c09f2549e6d80e1874bb354890d63a358496e8f9c883&width=100&height=100&smart=true)
![José Antonio Viera, en una sesión del Parlamento en noviembre de 2011](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/K2TSEIYRVLZBNRBN5QLKECPUPY.jpg?auth=d91e288cd31d4360b8ccca8b1daab3a1d7446f69ce35fce5f7692b9d5553211b&width=414)
La defensa de Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo encarcelado, ha pedido a la juez Mercedes Alaya que declaren en el juzgado, como imputados o testigos, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, el exinterventor general Manuel Gómez Martínez y el jefe de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.
De este modo el abogado Fernando de Pablo ha presentado un escrito que podría alterar el calendario de declaraciones previsto por la instructora. Esta circunstancia es muy relevante, ya que José Antonio Viera, consejero de Empleo es diputado y aforado, por lo que tan pronto Alaya acumule indicios de criminalidad contra él que pudieran sustentar una ulterior imputación, Alaya debería enviar la causa o parte de ella al Tribunal Supremo. Con su escrito, el letrado obliga en cierto modo a la magistrada a pronunciarse sobre Viera, si bien es cierto que Alaya acumula notorios retrasos a la hora de contestar recursos.
La petición de Guerrero, en prisión preventiva, se produce después de que la juez explicara su tesis sobre la supuesta connivencia de los servicios jurídicos y la Intervención General para que los reparos de esta última no paralizaran las partidas del fondo para empresas en crisis.
Además, Guerrero solicita a la juez que suministre a las partes las declaraciones ante la Guardia Civil de entre otros el exparlamentario Ramón Díaz, y que requiera al PP, personado como acusación, para que aporte la documentación que tenga en su poder de una vez y no en “capítulos semanales”.
Por el caso de los ERE fraudulentos se encuentran encarcelados desde marzo Guerrero y su chófer y perceptor de 1,2 millones de euros en ayudas, Juan Francisco Trujillo, así como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión desde el 24 de abril.
Un informe la Guardia Civil entregado a la juez ha señalado el "papel esencial" de Viera en las ayudas, pues insistía en "sacarlas adelante" y "promovía" las referidas a la Sierra Norte de Sevilla, donde tiene vínculos personales. Además, en su comparecencia judicial antes de ser encarcelado, Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas investigadas al expresidente andaluz Manuel Chaves, al actual titular José Antonio Griñán e incluso a la exportavoz de la Junta Mar Moreno, y señaló como artífice del sistema a Viera, actual diputado en el Congreso.
Por su parte, el jefe del Gabinete Jurídico ya declaró como testigo ante la juez Alaya en mayo del 2010, en las primeras etapas del caso por el pago de comisiones en Mercasevilla, y dijo que nada más ser informado de los hechos aconsejó denunciarlos en la Fiscalía. Según dijo entonces el jefe del Gabinete Jurídico, su consejo fue poner los hechos en conocimiento de la Consejería de Empleo, que había concedido una subvención de 900.000 euros a Mercasevilla, y luego denunciarlo en Fiscalía.
Gómez Martínez, como responsable del organismo fiscalizador, emitió informes sobre la falta de procedimiento administrativo con el que se estaban repartiendo los fondos de los ERE y ocupó el cargo hasta que en abril del 2010 fue nombrado director general de Finanzas
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